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El problema de la vivienda crece a nivel mundial. Países ricos como Estados Unidos, y países pobres como la India ven crecer inconteniblemente el número de familias sin techo.
Las políticas de ajuste estructural, exigidas por los organismos financieros internacionales, que imponen un adelgazamiento del Estado, han significado en muchos países el abandono o la reducción de programas sociales, entre ellos de vivienda, lo cual redunda en un fuerte incremento de esta problemática.
En nuestro país se ha ido incrementando de forma notoria el déficit habitacional en los sectores más pobres. Para el mercado se trata, obviamente, de sectores no rentables, en tanto la inversión del Estado en vivienda, que rondaba el 5,9 por ciento del Producto Bruto Interno a principios de los años cincuenta, en los últimos diez años apenas alcanza el 0,3 por ciento.
El déficit abarca a un tercio de los hogares argentinos.
Sólo en Capital Federal más de medio millón de personas no tienen un efectivo acceso a la vivienda y al resto pareciera no importarle demasiado.

Hecha la ley hecha la trampa

El derecho a la vivienda se encuentra, en nuestro país, ampliamente reconocido por numerosos instrumentos jurídicos. Entre ellos podemos mencionar a la Constitución Nacional, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos últimos son textos internacionales que nuestro Estado ha ratificado y que luego de la reforma constitucional de 1994 gozan de jerarquía constitucional.
Al ratificar textos de carácter obligatorio los Estados parte se comprometen voluntariamente a armonizar la legislación, las políticas y la práctica nacionales con sus obligaciones jurídicas internacionales vigentes. Al ratificar éstos pactos, los Estados asumen (formalmente) una responsabilidad ante sus ciudadanos, ante los demás Estados parte en el mismo instrumento y ante la comunidad internacional en general, puesto que se comprometen solemnemente a respetar y asegurar los derechos y libertades consagrados en esos documentos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), órgano encargado de velar por el cumplimiento del PIDESC, ha ayudado a aclarar las diversas obligaciones que asumen los gobiernos al reconocer el derecho a una vivienda adecuada, son las siguientes:
1) obligaciones que figuran en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto ; y 2) las obligaciones más concretas de reconocer, respetar, proteger y realizar este y otros derechos. En comparación con las obligaciones de reconocer, respetar y proteger, la obligación de un Estado de realizar el derecho a una vivienda adecuada resulta positiva e intervencionista.
Pero no nos dejemos engañar: los Estados suelen ratificar o adherir a esta normativa internacional para legitimarse internacionalmente pero, por lo general, no hay una verdadera voluntad política de cumplir con lo que esos instrumentos establecen. El devenir de la historia nos muestra lo acertado de esta afirmación.
Sin embargo, entendemos que el hecho de que estos derechos aparezcan reconocidos en estos instrumentos jurídicos internacionales ofrece a quienes intentan hacer de ellos una realidad, valiosas herramientas de lucha.
Especial mención merece la “observación 4” al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales, el cual, repetimos, goza de jerarquía constitucional en nuestro país, allí se definen las características de la vivienda adecuada, aportando puntualmente:
“El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz, y dignidad en alguna parte. (…) El derecho a la vivienda esta vinculado por entero a otros derechos humanos, no debe entenderse en el sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde poder aislarse si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.”
Y avanza aún mas al reconocer derechos que exceden el ámbito físico de una vivienda observada desde sus limites hacia adentro, sino que la inserta en un contexto más amplio estableciendo que:
“Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad, y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberán tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, al agua potable, energía para la cocina, la calefacción, el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”
Asimismo agrega:
“la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales (…) La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.”
Insistimos: el Estado tiene la obligación de efectivizar el derecho a la vivienda y no solo de respetarlo cuando las personas ya accedieron al mismo, se exige un rol activo al Estado en pos de la efectiva vigencia de los derechos humanos.
El Estado ha asumido una obligación de hacer, de intervenir, de diseñar y ejecutar políticas públicas tendientes a hacer efectivo el derecho a la vivienda de todas las personas.
Sin embargo, si el Estado no cumple, (y sabemos que no cumple), al menos debería no interferir cuando las personas -haciendo de sus derechos una práctica- se proporcionan, ya sea individual o colectivamente, este derecho. Entendemos que sería una suerte de obligación menor, derivada del incumplimiento de su obligación de hacer; una obligación de no hacer. Es decir, que cuando las personas ante quienes el Estado no cumplió con su obligación de hacer, satisfacen por ellas mismas esa necesidad, el Estado no puede privarlas de ello.
En este sentido, el Estado nunca debería intentar un desalojo en tierras de su dominio privado y menos aún perseguir esta acción en el marco del delito de usurpación. Pero lamentablemente, como veremos mas adelante, esto ocurre en la mayoría de los casos.

Un pacto con el diablo

El Estado neoliberal no regula las condiciones de contratación, juega a hacernos creer que todos somos iguales, que las correlaciones de fuerza al momento de celebrar un contrato son equivalentes. El Código Civil establece que cuando las personas obran con “discernimiento, intención y libertad” deben ser plenamente responsables por ese obrar. Ahora bien, ¿Qué implicaría que una persona sea libre en sus actos? El Codificador parece presentar dos partes, en igualdad de condiciones sociales, culturales y económicas, sentadas frente a frente y negociando una a una las cláusulas que formarán el acuerdo al que después se obligarán “como a la ley misma”. Cualquiera que haya alquilado un Departamento sabe que esto no es así.
Cabe reflexionar acerca de la libertad real de “pelear” una a una las condiciones estipuladas en un contrato, cuando una de las partes cobra un sueldo muy por debajo de la canasta básica, que no le permite cubrir sus necesidades familiares, no tiene propiedades que puedan ofrecerse como garantía y es inmigrante sin papeles en regla, o es un trabajador desocupado o que realiza “changas”. Cual es realmente la posibilidad (y no hablamos ni siquiera de libertad), de negociar que se tiene en estos casos. Más aún si consideramos la necesidad absoluta de todas estas personas de acceder a una vivienda y la escasa oferta que existe actualmente. O, mirado desde el otro lado, si pensamos en la falta de urgencia que pueden tener las inmobiliarias para alquilar ante tan vasta demanda.
Esta concepción de igualdad de los contratantes, la falta de regulación legal de las condiciones de los alquileres, así como el hecho de que se dejen libradas al “juego de la oferta y la demanda”, provoca que sean muchas las personas a quienes se les vuelve imposible poder acceder a una vivienda a través de un alquiler.
Sin bien existe una ley de locaciones urbanas (la 23.091) que es de orden público ya que la motivación de su sanción es el reconocimiento de la desigual situación de los contratantes, esta regula escasos aspectos, y no contempla ninguna de las situaciones que en la actualidad aquejan a los locatarios.
Hoteles de terror…la realidad supera la ficción
Ante esta situación, aparecen quienes, aprovechándose y cual aves de rapiña, lucran con estas necesidades ofreciendo habitaciones en pésimas condiciones en “hoteles” donde los residentes viven hacinados a precios altísimos, y donde además se les imponen una serie de severas “pautas”: horarios de entrada y salida, imposibilidad de invitar gente, prohibición de tener niños y mascotas entre otras cosas.
En Capital Federal encontramos, entre muchos otros, el caso del Hotel Carlos V, que hace un mes atrás tomo estado publico por la represión que hubo y la detención de varios de los habitantes del lugar. Allí (como en tantos otros hoteles) vivían personas en condiciones de hacinamiento y humillación. Un grupo de estas personas (acompañados por miembros de la Asamblea de San Telmo) intentaron modificar esta situación, para esto se reunieron con los dueños del hotel. Estos manifestaron que “jamás cambiarían las condiciones del lugar, que se negaban a hablar con inmigrantes y sobre todo advertían que ellos controlaban absolutamente a la policía y a los jueces ya que para eso abonaban la correspondiente cuota”. Pero lo más terrible es que no sólo esa fue la respuesta, sino que además, y en ese preciso momento, irrumpió un numeroso contingente de policías fuertemente armados pertenecientes a la Guardia de Infantería, al Grupo GEO y otras fuerzas de choque de la Policía Federal.
Se allanaron las habitaciones, golpeando a ancianos, mujeres y niños, destrozando las pertenencias y deteniendo a casi todos los que habitaban el lugar, salvo unos pocos que pudieron escapar por los techos.
Los detenidos fueron puestos contra una de las paredes del hotel, apuntados y sometidos a un reconocimiento ilegal.
Quedaron 23 personas detenidas, entre ellas 7 mujeres que no solo tienen varios niños, sino que además varias de ellas estaban presas con sus parejas de modo que en algunos casos esos niños (que originalmente estuvieron detenidos con sus madres) quedaron absolutamente desamparados.
Se les imputaron los delitos de usurpación, daño, lesiones, amenazas de muerte, robo calificado, atentado y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad.

El 25 de agosto del corriente año, el Juez dictó el procesamiento de todos los imputados, considerándolos prima facie autores de los delitos antes mencionados convirtiendo en prisión preventiva la detención que venían sufriendo. Los argumentos tenidos en cuenta para dictar el encierro preventivo, fueron la peligrosidad de los imputados, en razón de la pena en expectativa, por ejemplo las amenazas agravadas (de 5 a 10 años de prisión), y también se refirió a los antecedentes de 2 de los imputados y a un pedido de captura que pesaba sobre uno de ellos.
Vemos que dicho magistrado contrariando el principio de inocencia, propio de un Derecho Penal de Acto, cree en la necesidad de anticiparse a conductas que podrían o no llegar a realizarse y encerrar a las personas por un hecho que todavía no ha sido comprobado que han cometido, fundando dicho encarcelamiento en conductas o hechos pasados, lo que en doctrina se conoce como Derecho Penal de Autor.
Lo serio y grave del caso es que para fundar la prisión preventiva, no se refirió a la posibilidad de que los imputados pudiesen entorpecer la producción de las pruebas y de esa manera llegar a obstaculizar el proceso, que es una de las razones que habilita a disponer la prisión preventiva. La otra justificación legal del encierro preventivo, es el peligro de fuga, en relación a esto el juez mencionó la circunstancia de que la mayoría de los imputados eran extranjeros indocumentados, como si eso solo bastara para acreditar una eventual sustracción al accionar de la justicia. La falta de arraigo nos parece un fundamento totalmente xenófobo y clasista, que no tiene en cuenta las posibilidades reales de fuga de una persona, sino la clase social a la que pertenece. Es un argumento utilizado por los sectores dominantes para legitimar el encarcelamiento preventivo de los inmigrantes ilegales y de los pobres en general, y justificar de esa manera privaciones ilegítimas de la libertad.
El desalojo del Hotel Carlos V es una clara utilización del derecho -armado de causa penal- por parte de la clase dominante, para perseguir y criminalizar a las organizaciones y movimientos sociales.
Si Mahoma no va a la montaña… o “sobre tomas y otras yerbas”
La situación actual de pobreza y marginalidad, donde la falta de trabajo o el trabajo precario es un problema que aqueja a la mayoría de la población, sumado a una política publica ineficiente en materia de vivienda, ha generado que sean muchas las familias que encuentran como única solución a su problema habitacional la ocupación de tierras, privadas o fiscales, para establecerse allí, construyendo una vivienda. En la mayoría de los casos la “apropiación” de estos terrenos es la única posibilidad real de acceso a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros "mecanismos o circuitos legales".
Repasemos: generalmente cuando una familia decide junto a otras tomar una tierra, es decir hacerse presentes en un lugar físico y disponer de él, construyendo allí, precariamente (por lo menos al principio), un lugar para poder habitar, suele deberse a que esas familias carecían de vivienda. Es decir, surge evidente que con lo primero que nos encontramos es con una obligación estatal incumplida, al menos con respecto a estas familias: la realización del derecho a la vivienda. Ante esta situación estas familias, que tenían sus derechos básicos vulnerados, tomaron la decisión, y la practicaron, de “hacerse” de un pedazo de tierra, por lo general ubicada en sectores desfavorecidos. Ante esto la respuesta del Estado, que hasta este momento había permanecido ausente e indiferente a quienes sufrían cotidianamente por su incumplimiento, es hacerse presente, pero, por supuesto, es el aparato represivo estatal el que interviene, el Estado “aparece” a través del poder judicial y la agencia policial, es decir lo hace con un palo en la mano.
Así, en la mayoría de los casos, se inician causas civiles por desalojo, y en muchos de ellos también se inician causas penales por usurpación. Mucha veces los desalojos son efectivizados por la agencia policial con operativos desmedidos y sumamente violentos a los que suelen denominarse “desalojos ejemplares”, es decir se procede de esa forma para desalentar a futuros “tomadores”.
Policías y fiscales encarnizados aparecen exigiendo que los “usurpadores” desalojen inmediatamente el terreno (hasta ese momento improductivo, abandonado), y en gran parte de los casos efectivizan su “pedido” con una represión brutal, dejando nuevamente en la calle a numerosas familias y el terreno vacío. Muchas veces varios de los ocupantes quedan procesados por el delito de usurpación o de resistencia a la autoridad, o por algunos de esos combos que se han puesto de moda y tanto utilizan en estos casos: usurpación, atentado y resistencia a la autoridad, amenazas, daño, lo cual suele provocar que uno o mas miembros de esas familias terminen detenidos, hasta que alguien (el juez o el fiscal) se apiade de ellos, lo cual no suele ocurrir, o hasta que la organización y los reclamos sociales se les vuelvan insoportables e insostenibles, y se vean obligados a dejarlos en libertad.
En el mejor de los casos no hay causa penal ni detenidos, pero la judicialización del conflicto esta siempre casi asegurada, ya que cuando no es por la vía penal será por la civil pero el Estado se ocupara hasta las últimas consecuencias de que esos “intrusos” se queden en la calle.
Así vemos que tramitan numerosas causas por desalojo, donde los jueces suelen resolver que “el predio debe ser desalojado”, los jueces funcionarios y funcionales a un Estado ausente hasta el momento de la judicialización del conflicto, solo toman en cuenta las normas del código civil (cuando el terreno en cuestión no es estatal) para resolver la cuestión, como si solo se tratara de un conflicto entre particulares, desentendiéndose de todas las circunstancias sociales, políticas y públicas que lo rodean.
El Estado, que no tiene una política pública efectiva en materia de vivienda, aparece para judicializar y criminalizar a quienes recurrieron a la ocupación de tierra para efectivizar su derecho a la vivienda vulnerado.

Entendemos que ese accionar judicial, aplicando a ultranza a los sectores mas desfavorecidos las normas del derecho privado, y dejando de lado a la hora de resolver la cuestión los pactos y tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, por lo tanto superior a esas otras normas, es un proceder inconstitucional y que tiene que ver con posicionamientos políticos y consideraciones prejuiciosas y discriminatorias y no con un apego a la ley como nos quieren hacer creer.

Es oportuno señalar aquí, que el Comité DESC, en su Observación General Nº 7 ha definido a los “desalojos forzosos” como aquel procedimiento por el que se hace “salir a las personas de los hogares que ocupan en forma permanente o provisoria, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” . En dos ocasiones este Comité determinó que el hecho de que los gobiernos toleraran los desahucios forzados en sus territorios constituía una violación de las normas del Pacto.
Es decir, por un lado Argentina se ha comprometido internacionalmente a efectivizar el derecho a la vivienda, pero por otro lado las distintas agencias estatales no se comportan de acuerdo a esos compromisos.

Fuentes consultadas:
-Oficina del alto comisionado para los DDHH(1992). El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. Folleto Informativo No.21. Ginebra, suiza.
-Grupo Editorial (2007). La tierra que sueño no tiene dueño. En: Praeter Legem año 5, numero 8, junio de 2007. La Plata.
-Díaz Irene, Montiel Cesar, Montiel Matías, Solís Roberto, Chichu, Claribel, Escalante Cristina, Escalante Malena, Taller de periodismo de San José (Almirante Brown). Las esperanzas sobran. En: el periódico de Las Cavas. Mayo, 2007, numero 1, año 1.
-Salinas Claribel, Brun Fernanda, Chichu. Un lugar donde vivir; el problema de la vivienda en la Argentina. En: el periódico de Las Cavas. Mayo, 2007, numero 1, año 1.
- Ortiz Flores, Enrique. Vivienda Y Desarrollo Urbano Justo Y Sustentable. En: Direito a Cidade e Meio Ambiente. Co-editado por Forum Brasileiro de reforma urbana, el Ayuntamento de Barcelona-Espanha y con Apoio de FASE/ Federacao de Orgaos para Assistencia Social e Educacional.
- Reyna, Roberto (2007). La Vivienda, Un Derecho Humano Pisoteado (La crisis de las políticas habitacionales que generan fragmentación urbana y exclusión social). En Desafios Urbanos nº 42. Buenos Aires.
- Lekerman, Vanina (2005). Procesos informales de ocupación de tierras en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Villas o asentamientos? El caso del asentamiento Costanera Sur. Los excluidos del sueño. En Cuadernos de Antropología Social no.22, julio/diciembre 2005. Buenos Aires.
- Cravino, María Cristina (1998).Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones. En: Neufeld, M.R. et. Al (comp.) Antropología social y política. Hegemonía y poder: un mundo en movimiento. Eudeba, Buenos Aires.
- Cravino, María Cristina (2000). La política de radicación de villas. El caso de la Ciudad de Buenos Aires. Ponencia al seminario gestao da terra urbana e habitacao de interesse social. 7 al 9 de diciembre 2000. Campinas, Brasil.
- Ramírez Baena, Raúl (2001). El Derecho A La Vivienda Y La Realidad Social. En Frontera NorteSur. Estados Unidos Mexicanos.
- Carman, María (2003). "Narraciones de identidad, procesos de ennoblecimiento y disputas por el patrimonio en el barrio del Abasto. El caso de los ocupantes ilegales de casas tomadas". Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.
- Martínez, Clarisa (2004). Juegos de reconocimiento del derecho al espacio urbano en la Ciudad de Buenos Aires. El caso de la política de radicación de villas. En : Revista de Estudios Sobre Cambio Social año IV,número16, verano 2004. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires.

La ciega es un colectivo de abogados y abogadas populares, que como militantes del campo popular aportamos herramientas jurídicas a las organizaciones que transiten el camino del cambio social.
Entendemos que el derecho es una construcción humana, y que quienes lo determinan son personas que, según la propia realidad social tienen intereses y posiciones que se reflejan en sus actos. El derecho regula relaciones humanas dadas en una sociedad, que tiene un desarrollo histórico, un sistema económico, valores (ideología) que la determinan. Es la realidad misma la que nos hace repensar los discursos hegemónicos, es la que nos muestra que “algo no concuerda”, que “ algo habrá detrás” porque las leyes no son “tan puras" ni todos somos “tan iguales" como nos hacen repetir.
Entendemos que nuestro rol debe ser el de problematizar la realidad donde el derecho actúa, buscando su transformación, defendiendo los derechos de los sectores populares.
Por eso hablamos de abogados populares, pues no nos quedamos con la mera reproducción del conocimiento, no nos quedamos en la mera denuncia intelectual o técnica, sino que producimos conocimiento crítico. Creemos en el derecho no como un fin en si mismo, porque entendemos que las cosas no pueden cambiarse únicamente desde lo legal pero vemos aquí un herramienta de lucha.
Estamos convencidos que solo hay derecho cuando hay ejercicio y para el ejercicio de los derechos consideramos fundamental la organización de los sectores oprimidos, es por esto que desde 2007, año que nacemos como organización, trabajamos de manera conjunta con organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, asambleas barriales o centros culturales, aportando herramientas jurídicas en las problemáticas del derecho a la vivienda, de la represión policial, de la criminalización de la protesta, de los derechos laborales, entre otros.
Participamos del colectivo Justicia Ya, representando como querellantes a victimas y familiares de desaparecidos y asesinados en la última dictadura. Es a partir de esta tarea, que hemos estado presentes en el juicio a los represores de la unidad 9, haciendo hasta lo imposible para que se los condene por lo que son, genocidas.
Participamos del proyecto del proyecto de construcción de una casa de mujeres victimas de violencia, en conjunto con compañeras y compañeros del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).
Somos parte de la publicación del periódico Tierra Para Vivir, integrando este colectivo juntamente con compañer@s de distintas organizaciones, aportando a los procesos de lucha por el derecho a la vivienda cada uno desde su especificidad.
Constantemente organizamos charlas y actividades académicas con l@s compañer@s de MIU-CAUCE, agrupación estudiantil de la facultad de derecho de la UNLP con quienes compartimos la misma mirada respecto del derecho, la ley y la justicia. Estas y otras tantas actividades que forman parte de nuestro cotidiano militante en este boletín, que esperamos sea de interés, despierte curiosidad y genere ganas de sumarse a nuestro proyecto.

Jueves 26 de Agosto: Jornada Nacional de Protesta de la CTA

Ante la Jornada Nacional de Protesta de la CTA y el Paro del día 26 de Agosto de ATE provincia de Buenos Aires, en reclamo de la URGENTE REAPERTURA DE LAS NEGOCIACIONES SALARIALES, las Seccionales del SUTEBA de Bahía Blanca, Berazategui, Escobar, Marcos Paz y Quilmes, adhieren a dichas medidas de fuerzas y a la MOVILIZACIÓN a la Gobernación en La Plata el día 26.
El Colectivo de Trabajadores/as de la Educacion (Lista Amarilla y Negra Suteba) adhiere y convoca a esta medida encabezada por el justo reclamo de aumento salarial, ante el deterioro constante producido por el alza del costo de vida, además del reclamo por el 82% móvil en todo el país, con la restitución de los aportes patronales; y en la provincia, por la defensa de los fondo jubilatorios del IPS y la plena vigencia de la movilidad jubilatoria, la eliminación al impuesto a las ganancias en los salarios y de los topes en las asignaciones familiares, la efectiva universalización de las asignación por hijo y su aumento a 350 $ Así como las medidas presupuestarias que permitan resolver los graves problemas de infraestructura escolar, cobertura de cargos docentes, en la cantidad y calidad de los cupos de comedores y pago de becas.

La Ciega, acompaño a lxs trabadores de prensa ante el Ministerio de Trabajo, allí llevamos el reclamo de estos, que sufren cotidianamente la precarización laboral.


Este jueves 5 de agosto el director de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Daniel Montes de Oca, recibió al Colectivo de Trabajadores de Prensa a raíz de la protesta realizada en las puertas de la cartera laboral el pasado 15 de julio, donde se denunció la situación en la que se encuentran los periodistas de la región.

Un grupo de siete periodistas de diferentes medios le manifestamos al funcionario la certera preocupación por los casos registrados de trabajo en negro, incumplimiento del convenio y estatuto, salarios por debajo del mínimo nacional, precarización, amenazas y censura.

A su vez, remarcamos la necesidad de una intervención más concreta del Gobierno provincial en el control de las empresas periodísticas, ya que a pesar de que Montes de Oca afirmó que el Ministerio había realizado inspecciones y levantó infracciones a los medios que no cumplían con las condiciones laborales, lo cierto es que las situaciones de informalidad lejos de disminuir se mantienen o incluso se han acrecentado.

El funcionario se comprometió a trabajar en el tema, aunque puso reparos en la capacidad que la dirección que él encabeza tiene, ya que dijo no contar con la suficiente cantidad de inspectores para cumplir con el control todas las empresas de la Provincia. Además, nos solicitó un informe donde se detallara la situación de irregularidad de los medios, ya que si bien dijo estar al tanto de la situación, no la conocía en detalle.

Ante esto los y las integrantes del Colectivo de Trabajadores de Prensa remarcamos que es responsabilidad del Ministerio realizar los controles correspondientes, detectar los casos de precarización laboral y sancionar a las empresas que no cumplan con las legislaciones vigentes. Si los periodistas son capaces de detectar un cúmulo de irregularidades que en algunos casos son de público conocimiento –como la situación del diario Hoy y los medios del grupo Balcedo– el Estado provincial tiene que tener la capacidad de actuar en consecuencia, no puede haber excusas al respecto.

Por último, se le solicitó al funcionario datos sobre las inspecciones que la cartera dice haber efectuado, y exigimos la realización de nuevas acciones en base a la información que acercaremos en las próximas semanas sobre la situación de las empresas periodísticas de la ciudad en la que los trabajadores ven severamente vulnerados muchos de sus derechos.

Desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa creemos que es el momento de seguir organizándonos para poner en evidencia la manera en que estamos trabajando. Desde que comenzamos a realizar las denuncias de manera pública, a plantarnos colectivamente ante los despidos y atropellos que están sucediendo en los medios, armando campañas y protestando en la puerta del Ministerio, hemos logrado que nos reciban y se abra una puerta para seguir insistiendo hasta que logremos trabajar en mejores condiciones.

Llamamos a las trabajadoras y trabajadores de prensa a seguir poniendo de relieve nuestra situación laboral, es momento de generar lazos de unidad y solidaridad para que ningún periodista siga trabajando en condiciones inaceptables para cualquier trabajador.

Estaremos en estas semanas recolectando todos los datos posibles sobre la situación laboral en los diferentes medios de la región a fin de presentarlos ante el Ministerio, por lo que invitamos a que nos envíen por correo y de manera anónima la información que tengan al respecto. Porque entendemos, que mas allá del compromiso verbal del funcionario, derrotar la precariedad laboral va a depender de la organización y movilización de los trabajadores y por eso, te convocamos a que participes.

Por último, desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa te informamos que contamos con un grupo de abogados que nos asesora en causas laborales.

Colectivo de Trabajadores de Prensa
La Plata

Denunciamos el maltrato físico, verbal y el abuso sexual, producido por cuatro policías de la Comisaría 4ta. de Villa Argüello, a una compañera del Bachillerato Popular Bartolina Sisa de La Plata.
BASTA DE IMPUNIDAD Y VIOLENCIA
JUICIO Y CASTIGO A LOS ABUSADORES



COMUNICADO DE PRENSA:
El día 2 de Junio de 2010 en horas de la madrugada, Vanesa Cuello viajaba en taxi con un amigo, regresaba de un cumpleaños en la localidad de Berisso y se dirigía a su casa.
A la altura de la Universidad Tecnológica un patrullero para al taxi, les pidió documentos a ella y a su amigo, maltratándolos a ambos, realizando todo tipo de manifestaciones discriminatorias.
Al pedirle el documento a Vanesa y advertir que en el mismo figuraba su nombre de varón- Vanesa es transexual y recientemente un Tribunal de familia acaba de confirmar su cambio de nombre, aunque aún el mismo no figura en su DNI- los policías a cargo del procedimiento comenzaron a efectuarle todo tipo de insultos y a golpearla, llevándosela detenida a la comisaría 4ta de Berisso sin explicación alguna. Una vez allí, tres de los policías que se encontraban en la comisaría abusaron sexualmente de ella, otorgándole la libertad unas horas más tarde. Vanesa radicó la denuncia en la Fiscalía el día 2 de junio.
Hechos como este constituyen una gravísima violación a los Derechos Humanos, y lamentablemente no resultan aislados. Son cotidianas las situaciones en que efectivos de las fuerzas de seguridad abusan de su poder, particularmente contra los grupos más vulnerables: niñxs y jóvenes, particularmente si son pobres, travestis, transexuales, trabajadoras sexuales, migrantes, cuidacoches, etc. Parece que la política de seguridad de la que tanto nos hablan los funcionarios de turno no incluye terminar con estas prácticas aberrantes. Entendemos que el Ministerio de Seguridad, máximo responsable de la Policía de la provincia de Buenos Aires debe dar respuesta por el esclarecimiento de estos hechos y de terminar con estas prácticas de hostigamiento y abusos por parte de la policía.
CONVOCAMOS EL DÍA MARTES 29 DE JUNIO A LAS 15 HS. EN LA CALLE 60 Y 122 PARA REPUDIAR Y ESCRACHAR A LA COMISARÍA 4ta. DE VILLA DE ARGÜELLO, BERISSO
¡¡¡BASTA DE ABUSO POLICIAL!!! ¡¡¡¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ABUSADORES DE VANESA!!!!

Movida por el Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la Ciudad de La Plata

Los vecinos y organizaciones no gubernamentales de la región reunidos en Asamblea en defensa del patrimonio arquitectónico, cultural, urbanístico y ambiental de la ciudad de La Plata han decidido sumarse a los festejos del 194° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional convocando el viernes 9 de julio a las 9.30 hs. en la Plaza Moreno (en el centro junto a la piedra fundacional)

Los convocantes sostenemos que la reciente sanción del nuevo Código de Ordenamiento Urbano provoca un retroceso de varias décadas y coloca a La Plata en una posición paradójica porque reconocida por su planificación urbana se empeña en destruirla en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes.

Todos nosotros (estudiantes, arquitectos, abogados, amas de casa, docentes, artistas, empleados, trabajadores, representantes de ONGs ambientales, sociales y culturales de las más importantes de la zona, etc.) manifestamos evidente preocupación por el futuro de la ciudad frente a una normativa que pone en crisis la sustentabilidad. Nuestro objetivo principal es llevar a cabo una campaña de sensibilización y participación de los vecinos promoviendo el desarrollo sustentable y proponiendo un proceso participativo donde sean incluidas todas las variables que hacen a la planificación de una ciudad para todos.

Asimismo, se comunica que, este espacio se encuentra abierto a todas las personas que quieran opinar en las Asambleas abiertas de vecinos, los días lunes a las 18 hs. en el Bar del Pasaje Dardo Rocha, donde se tratan los temas y las acciones que se llevan a cabo.

A proposito de la reforma legal sancionada por el municipio de La Plata respecto del Codigo de Planeamiento Urbano, te invitamos a leer la opinión de la Ciega que fue publicada por el diario Diagonales.

direccion de correo electronico : la_ciega@yahoo.com.ar

Algo de Juicio a los genocidas

Algo de Talleres de Alfabetización Jurídica

Algo acerca de qué es la ciega

Entra y mira el boletin sobre el juicio de la Up 9 y sobre las actuales violaciones a los DDHH en las carceles de la democracia. Ver en pdf.

MIU Movimiento Independiente Universitario
El Galpon de Tolosa, Centro cultural y social
El colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de la educación
FOL Frente de Organizaciones en Lucha.
CAUCE uba
Justicia Ya, La Plata!
Tierra para vivir
Antena Negra TV
Indymedia La Plata
Anred

Cada vez más, las voces que criminalizan la lucha por la tierra y la vivienda se hacen escuchar en radios y canales de tele. Son voces que, desde medios locales o desde los grupos concentrados de información, claman por desalojos y condenan a quienes buscamos soluciones colectivas al problema habitacional. ¿Qué más podríamos hacer, frente a la ausencia de respuesta por parte del Estado y la imposibilidad de los sectores populares y los trabajadores de acceder a una casa?
La respuesta se cae de madura, pero la escena se repite. En el mejor de los casos, termina la tanda publicitaria, se prenden las luces del piso y un Santo, con prestigio de hombre serio pero sensible, presenta el problema como un debate entre la legitimidad del derecho a vivir en un ambiente digno y la ilegalidad del accionar de quienes ocupan un espacio que tiene dueño. “Un problema sin solución”, concluye, antes de pasar a la “información” sobre Gran Cuñado 2009. En el peor de los casos, desde las páginas de algún diario, un abogado señala que construir en suelo ajeno es un delito (e impulsar ese accionar, por supuesto, también) y que no-hay-problema-que-justifique-romper-la-ley.
Cuánta falta les hizo un abogado a los habitantes originales del sur argentino a fines de la década de 1870, cuando los indios de las pampas y la Patagonia fueron cruentamente desalojados por el ejército de Roca, en la autodenominada “conquista del desierto”, bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda. El saldo de la campaña: miles de indias e indios asesinados y alrededor de 14 mil despojadas y despojados de su suelo y su cultura, apropiadas por las señoras de la “alta sociedad” que precisaban mucamas y cocineras, o mandados al norte como mano de obra gratuita para los ingenios azucareros y las madereras.
Concluido el aniquilamiento, sólo faltaba que el Estado Nacional y la burguesía local repartieran el botín. Dice el historiador Felipe Pigna: “La llamada ‘conquista del desierto’ sirvió para que entre 1876 y 1903 (…), el Estado regalase o vendiese por moneditas 41787023 hectáreas a 1843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período”. El propio general Roca fue uno de los beneficiados, con la asignación de 15 mil hectáreas (muchos años después, se lo seguiría homenajeando con una línea de trenes y su retrato en los billetes de cien pesos). El resto, familias que ya eran grandes terratenientes o que iniciaban su camino con esta bendición: los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, apellidos que suenan por su histórica persistencia en posiciones de poder (político o económico).
En el principio: masacre y reparto
Hacia fines del siglo XIX la Argentina estaba despoblada, consecuencia de los distintos conflictos bélicos que se habían afrontado. El objetivo pasó a ser, entonces, poblar el país, pero no de cualquiera manera: específicamente, con inmigrantes europeos. Pese a las manifiestas preferencias de Sarmiento, no fueron holandeses, suecos, noruegos o alemanes quienes bajaron de los barcos. A lo largo de tres décadas, ingresaron a la Argentina millones de españoles e italianos, y con ellos, las ideologías que dominaban en los movimientos obreros de esos países: el anarquismo y socialismo. Muchos inmigrantes fueron al campo, pero quienes no encontraron suelo y trabajo, debieron hacinarse en las grandes ciudades. En ese marco fue que se dio la huelga de inquilinos de 1907, cuando, para resistirse al gran aumento que pretendían imponer los propietarios de las casas, casi mil personas dejaron de pagar el alquiler durante dos meses. En la huelga no faltó la represión policial, que dejó como saldo muchos presos y deportados.
Pero el problema de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se masificó con la llegada de inmigrantes internos que buscaban salir de la pobreza y ocupar alguno de los puestos de trabajo que se iban creando con el proceso de sustitución de importaciones durante los años 30. La década del 40 vio nacer a las primeras villas miseria de la Capital, con inmigrantes del interior y de países limítrofes. La más grande de ellas, con un nombre que habla por si sólo: Villa Desocupación, hoy Villa 31 de Retiro. Este proceso no fue reprimido en su momento, porque los pobladores de las villas todavía constituían la mano de obra de la naciente industria.
Corrían los años 60, cuando en plena dictadura de Onganía sacaban a los pobres de las villas para “limpiar” las ciudades. Fue así como se inició el proceso de erradicación de las villas, que le abrió la puerta a los grandes grupos económicos para que se volcaran de lleno a los negocios inmobiliarios. Esta problemática se agudizó durante la última dictadura militar, con la expulsión de numerosas familias al conurbano bonaerense. La política de desalojo de villas, el código de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Locaciones Urbanas y la destrucción de viviendas para la construcción de autopistas fueron las medidas que tomó el Estado para impulsar este proceso.
En la ciudad hacinamiento y especulación
Durante los años ‘80 y ‘90, se produjeron numerosas tomas de tierras organizadas de forma colectiva, que intentaban dar una respuesta a la grave situación habitacional. Actualmente, un nuevo ciclo de lucha por la tierra y la vivienda inició, a través de múltiples tomas de tierras y edificios. Las políticas sociales y de vivienda que el Estado implementa desde hace algunas décadas no solucionaron el déficit habitacional y social. Mientras, según el INDEC casi 2,7 millones de hogares porteños son considerados deficientes, hay casi un millón de casas desocupadas que no están en alquiler y a las que los trabajadores no pueden acceder. En el país, el 70% de los hogares más pobres no tienen resuelto el problema habitacional. En la Ciudad de Buenos Aires, a esta situación se le suma la escalada de violentos desalojos de los últimos meses emprendidos por el gobierno de Mauricio Macri.
Como se puede apreciar, el problema habitacional de los sectores populares, bajo distintas formas, tiene más de un siglo de historia. Tiene sus raíces en el sistema capitalista, fue empeorado por el modelo neoliberal impuesto por la dictadura genocida de los 70 y continúa hasta hoy, bajo la atenta mirada o la activa complicidad de los gobiernos que se sucedieron desde el 83 hasta la actualidad.
Las organizaciones sociales sabemos más que nadie que hay discusiones que tienen que ver con nuestras urgencias: no tener vivienda ni espacio para nuestros hijos, no tener acceso a una educación de calidad, a un barrio digno, a una plaza, a lugares para hacer deportes y actividades culturales, a la salud. Éstas y otras reivindicaciones serán la punta de flecha de nuestras luchas.
No a la criminalización de la lucha por vivienda digna
¡Basta de desalojos!
¡Exigimos al estado políticas de vivienda y hábitat dignos ya!
Tierras para Vivir
Periódico de vivienda y toma de tierras
Adhesiones a: periodicotomas@yahoo.com.ar

En la localidad de Longchamps 36 familias luchan por una vivienda digna. Manzana Esperanza es el nombre que los pobladores le dieron a esta nueva toma de tierras, ubicada entre las calles Espora y Laprida, del partido de Almirante Brown.

Las jóvenes familias sin techo están desde el 2 de mayo recuperando un lugar que estaba abandonado desde hace más de 50 años. Los pobladores limpiaron el predio y recibieron el apoyo de los vecinos que vieron con buenos ojos que lo que era un basural, propicio para violaciones y asesinatos, se convirtiera en un lugar para vivir.

En los terrenos, los vecinos están dando los primeros pasos para poder alojar al grupo de familias (alrededor de 120 personas), entre las cuales hay mayoría niños. Hasta el momento, se han levantado 19 construcciones con madera, plástico, cartón y chapas para hacer frente al frío y la lluvia que comienza a castigar con dureza con el avance del frío de junio.

Como ocurre en este tipo de casas, lo que es un derecho se suele asociar a un delito, y la policía del municipio, ajena seguramente a las necesidades de vivienda digna por la que estas personas pasan, se ha acercado y guarda vigilancia con dos patrulleros en forma permanente. Ante esta clara amenaza, las familias se han organizado y convocaron a varios abogados solidarios que han iniciado una estricta defensa que ha incluido la presentación de recursos de amparo para evitar el posible desalojo.

El problema de la vivienda es histórico, sin embargo en los últimos 20 años se viene dando de forma continua. Sólo en el Conurbano Bonaerense, miles de familias tienen la necesidad de tomar tierras como única manera de acceder a un lugar donde vivir. El problema habitacional crece y es bien conocido que cada vez más personas viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la vivienda y la salud. Por otro lado, los alquileres aumentan el doble que el salario. A esta situación se le suma la falta de trabajo o empleos precarios, lo que hace imposible que los que menos tienen puedan pagar un alquiler, construir o comprar un pedazo de tierra. Miles de familias trabajadoras y desocupadas reclaman una necesidad genuina: el derecho a la tierra, la vivienda y los espacios verdes, a habitarlos y trabajarlos.

La Plata - 28 de mayo de 2010
La represión en la plaza: El estreno de Casal

Este viernes, desde las 10 de la mañana los estudiantes secundarios de La Plata, a los que se sumaron niños y niñas del nivel primario se encontraron en las calles, en el marco de una rateada organizada vía facebook.

Cerca de las 15, un grupo de adolescentes habría comenzado una pelea y la policía que estaba en el lugar intervino sin dudarlo. El saldo, remarcado por los medios, fue el de un bicipolicía cascoteado. Para las 16 hs un grupo de infantería se había colocado sobre la plaza.
En un momento el grupo de chicos y chicas, aproximadamente unos 300, se reunieron y decidieron quedarse ahí a pesar de la creciente e innecesaria presencia policial. Avanzaron unos metros con piedras, y la policía también avanzo; pero disparando las balas de goma de sus itacas.
Ante esto, los chicos y las chicas se dispersaron. La policía avanzó por el medio de la plaza disparando para todos los costados, le gritaban a los adolescentes que se retiraran y si no lo hacían, gatillaban en dirección a ellos.
A su vez se arrastraron hasta el lugar más grupos de Infantería: uno encerró a los estudiantes sobre los costados de la catedral: mientras otro de los escuadrones siguió corriendo y disparando a los chicos y a las chicas hasta detrás del Normal 1.
A la plaza llegaron la policía motorizada, la policía en camioneta, la policía en patrullero, la policía de civil, la policía montada a pie, la policía en colectivo, la policía 2, la policía en bicicleta, y algunas formas más que seguramente no reconocemos aún. Incluso hay un registro de un uniformado tomando fotos de los chicos y las chicas.
Hasta ahora se sabe que los detenidos fueron 13, de los cuales 9 fueron llevados a la comisaría 1º, y 4 a la delegación perteneciente a la Policía Federal.
Para las 18 hs el operativo contaba con mas de 150 efectivos y ya se había desatado una verdadera cacería: “buscame al de mochila azul”, gritaba desencajado uno de los policías. A pocos metros dos efectivos detenían a otro chico, “ojo, todavía no le pegués que está la cámara”, alertó uno de ellos frente a la presencia de una periodista.
En tanto, había operativos por toda la ciudad: sobre calle 8 la policía requisaba a cuanto adolescente se le antojaba y terminó deteniendo a tres de ellos.
Los efectivos cubrieron la zona de parque Saavedra y diagonal 80 cerca de la estación de trenes. En muy pocos minutos se vieron a muchos jefes, tomando muchas decisiones para mover muchos policías. ¿Y todo para qué?


Secuestrada y desaparecida por una hora
En la esquina de 14 y 51 arrestaron a un chico, un amigo se acercó a preguntar por qué lo llevaban y también lo apresaron. Una amiga que no quiso abandonarlos se plantó, “no puede ser que nos traten tan mal” dijo, y fue lo último que gritó antes que se la llevaron en un móvil de la policía 2.
Durante una hora y media la chica no apareció. Una hora y media para recorrer las 7 cuadras que separan el lugar de detención de la comisaría primera. Cuando los Organismos de DDHH se hicieron presentes en la comisaría primera, en pocos minutos ella apareció. “Me llevaron a pasear”, comentó luego para explicar que la tuvieron dando vueltas.
¿Qué hubiera pasado con ella de no haber existido la llamada que ordenó su restitución?


Los chicos golpeados por la federal
En la Comisaría Federal de calle 49, entre 14 y 15, fueron detenidos 4 chicos acusados de romper el vidrio de un patrullero. Uno de ellos apareció con la boca partida y un chichón en la cabeza: “me apuntaron con un arma, me tiraron al piso y me dijeron que yo rompí un auto, pero yo no lo rompí. Me dieron la cabeza contra un árbol, y tres policías me golpearon”, relató el menor.


¿Quiénes son los responsables?
Gobernador: Daniel Scioli
Ministro de Justicia y Seguridad: Ricardo Casal
Subsecretario de Planificación Estratégica: Guido Lorenzino
Jefe de la Policía Bonaerense: Juan Carlos Paggi
Jefe Departamental La Plata Centro: Alejandro Moreno
Jefe de la Distrital Centro: Daniel Piqué
Jefe de la Comisaría Primera: Marcelo Tidoni
Y la policía federal

Por su parte, los medios masivos de información plantearon la situación en términos de “enfrentamientos” entre estudiantes y policías. En realidad la situación no hubiera sido tan violenta de no haber intercedido la policía. Además, es siniestro equiparar a un grupo de adolescentes con uno de los aparatos armados del estado.
Los medios inflaron el número de chicos y chicas concurrentes llegando a decir que eran 3 mil (las fotos y filmaciones de todos los medios lo desmienten) Y todo esto para vender la idea de que los jóvenes habían “tomado las calles céntricas” y debían ser controlados.

Queda claro que este ensañamiento con los adolescentes no nació de un repollo. Desde que se conoció la iniciativa de los estudiantes de organizarse para faltar a la escuela, la respuesta desde el estado nacional y provincial tendió más a la amonestación de las conductas de los adolescentes que a la comprensión de sus prácticas.
Aunque las viejas amonestaciones quedaron en el olvido, la posta ahora es la bala de goma.
¿Por qué la dirección de niñez de la municipalidad de La Plata y las instituciones de niñez de la provincia se hicieron presentes recién dos horas después de desatada la represión?


¿Quién dio la orden de reprimir a los estudiantes?
“Nadie nos tiene que autorizar” fue la respuesta de efectivos de la comisaría primera. Por otra parte, cuando los organismos de DDHH preguntamos al comisario sobre la orden, éste no supo qué contestar. Todas las detenciones habían sido ilegales.
Ni siquiera habían sido anotados en el libro de guardia, “porque están de paso” según explicó (o embarró) el comisario, desconociendo el fallo que prohíbe que menores sean ingresados a comisarías.
¿Fue el nuevo ministro quien ordenó reprimir?
Es un hecho terrible, aunque esperable, que demostraría la firme convicción de Ricardo Casal de continuar criminalizando y judicializando a niños, niñas y adolescentes.
¿Fue una decisión unilateral de la policía?
Es un hecho igualmente grave porque sería otra prueba del grado de impunidad y de auto-gobierno con que se maneja la institución policial, apañada en su accionar ilegal por el poder político.

Como sea, podemos ver la continuidad en la política represiva del gobernador Scioli al premiar con un superministerio fusionado a Ricardo Casal, un hombre conocido por su pésima gestión dentro del Servicio Penitenciario a su cargo.
Ahora, Casal procede igual que en la cárcel: contribuyendo a una sociedad del encierro, avalando la tortura, las golpizas, el aislamiento (donde los conocidos “buzones” de encierro son una clara metáfora de su gestión).
El panorama trazado no ofrece dudas: lo que ya hizo en los penales ahora podrá hacerlo en la calle.
Pasan los ministros y la política es la misma.
En nosotr@s está el poder para impedirlo.

Jornadas de debate y formación
Ciencia, Universidad y Organizaciones Sociales
de la extensión a la coproducción de conocimiento


El martes 15 de Junio vamos a estar en la facultad de Exactas de la UBA contando nuestra experiencia en los talleres de alfabetizacion Juridica. Acercate!

Martes 8 y 15 de junio – 18 a 21hs –
Aula 7, Pabellón 2, Ciudad Universitaria


¿Qué incidencia tiene la ciencia y la universidad en las necesidades y problemáticas sociales en la actualidad? ¿A quiénes beneficia el conocimiento producido (y reproducido)? ¿A quiénes debería beneficiar?

¿Podemos pensar otra forma de hacer ciencia más allá de los papers? ¿Puede el trabajo con organizaciones sociales, sindicales y movimientos populares servir para repensar qué se conoce y para qué en los ámbitos universitarios?

¿Qué se puede hacer desde la universidad y la ciencia producida hoy por hoy para avanzar hacia una sociedad sin opresores ni oprimidos? ¿Es la extensión un avance en este sentido? ¿A qué llamamos coproducción? ¿Cuáles son sus límites?

¿Por qué organizamos estas jornadas?

Te invitamos a estas jornadas que titulamos “Ciencia, Universidad y Organizaciones Sociales: de la extensión universitaria a la co-producción de conocimiento” con el objetivo de discutir y problematizar una manera diferente de hacer y entender a la ciencia y la universidad. Porque vivimos en una sociedad injusta y desigual y consideramos que desde la universidad podemos realizar acciones que nos permitan aportar a su cambio. Como pensamos que ni nosotros ni nadie tiene la fórmula precisa para llevar a cabo esta transformación invitamos a reflexionar y a construirla entre tod@s: estudiantes, graduad@s, docentes, investigador@s, becari@s, organizaciones sociales y cualquiera que se sienta interpelad@. Porque consideramos necesario encontrar una forma superadora de las prácticas adoptadas y expresadas por la “extensión universitaria” y sobre todo, porque necesitamos seguir pensando entre tod@s una universidad diferente.

Crítica al concepto de extensión universitaria

Festejamos la existencia de muchos proyectos de extensión que se plantean actuar directamente desde la universidad junto con los sectores populares más necesitados. Consideramos que este resurgido concepto representa un avance con respecto a la universidad cientificista, aislada y encerrada en sí misma. Sin embargo, tenemos algunas críticas hacia la extensión y hacia las prácticas que desde ahí surgen. Desde nuestro punto de vista, la extensión plantea un límite ya desde el nombre mismo: ¿por qué y a quién se “extiende” esta universidad si es parte constitutiva de la sociedad? ¿Estamos justificando bajo las formas de proyectos de extensión una separación entre ambas? Entendemos que la universidad no debe pensarse separada de la sociedad que la sostiene, la necesita y dentro de la cual existe, lo que nos lleva a problematizar acerca del supuesto “adentro” y “afuera” y las implicancias de concebirlo así.

En la institución por excelencia de producción (y reproducción) del conocimiento, los problemas son aún mayores si ampliamos la discusión a su rol en general y a cómo se establece su interacción con el resto de la sociedad: ¿Ciencia y universidad para quién? ¿Ciencia y universidad para qué?

La pregunta del para quién y el para qué no debe estar disociada del cómo. En este caso la expresión “extensión universitaria” establece de alguna manera un conocimiento que nace de la universidad (alejada de la sociedad) y luego es “extendido” en un solo sentido (intelectuales que poseen este conocimiento y que brindan un “servicio”) hacia un afuera, un otro respecto de la universidad: transferencias a empresas, servicios a terceros, divulgación de la ciencia en barrios o escuelas, voluntariado, asistencialismo… las diferentes interpretaciones que se dan sobre la “extensión universitaria”.

La consecuencia principal de esta concepción es que se mantiene el monopolio de la universidad como “templo del saber” y el del conocimiento científico como único conocimiento “válido”. De esta forma, se niega el valor que puedan tener los conocimientos y las experiencias de los sectores sociales que no participan directamente de la vida universitaria; conocimientos y experiencias que podrían conjugarse con los saberes de la ciencia para potenciar su capacidad de cambiar la realidad social. Esto afecta principalmente a los sectores populares, tradicionalmente relegados de la consideración de la universidad y el sistema científico, y a la vez profundamente necesitados de políticas de cambio.

Proponemos una alternativa: la coproducción

Delinearemos un esbozo de lo que estamos pensando como una manera diferente de pensar el cómo, para qué, y para quién investigamos y nos formamos. Se trata de lo que entendemos como prácticas de coproducción, es decir: la producción conjunta de conocimiento entre el sector universitario y los sectores populares que no están en la Universidad. ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡¿Producir conocimiento de manera conjunta?! ¿¡Pero el conocimiento no lo teníamos nosotros?!

Nuestra propuesta apunta a comprender una realidad que entendemos injusta e intervenir en ella para transformarla. Queremos una producción de conocimiento necesariamente acompañada de reflexión crítica y que se realice desde una concepción cooperativa, de diálogo, del proceso de enseñanza/aprendizaje. Planteamos la coproducción en instancias de interacción con los sectores que con mayor o menor grado de organización luchan por su emancipación, en conjunto con movimientos sociales y/o grupos de la clase trabajadora. Existen entonces dos sectores que se acercan a la situación problemática, cada uno con diferentes saberes previos al respecto. Mediante un enfoque dialógico, cooperativo y crítico de un problema significativo, apuntamos a conjugar los saberes previos y a la producción conjunta de nuevos. Sin imposiciones ni relaciones autoritarias o verticalistas.

Consideramos que debemos cuestionar la escisión teoría-práctica imperante hoy en día en la Universidad. Buscamos conocer para transformar y transformar para conocer, y es por esto que nos sometemos a las preguntas y reflexiones que nos da la práctica, involucrándonos como sujetos comprometidos activamente en el proceso de formación para realizar una verdadera praxis transformadora.


La extensión vs la coproducción como ejes de la Universidad Pública

Martes 8 de junio – 18 a 21hs – Aula 7, Pabellón 2, Ciudad Universitaria

Ejes de debate:
1. ¿Qué tipo de vinculación existe hoy entre la Universidad y los sectores populares? ¿Qué cambios en esa relación se posibilitan mediante la extensión? ¿Y mediante la coproducción? Cambios, potencialidades y limitaciones de las propuestas de extensión y coproducción ¿Qué limitaciones tienen ambos enfoques?
2. ¿Qué temáticas de investigación son más factibles de ser coproducidas? ¿Qué diferencias hay entre las ciencias sociales y las exactas y naturales? ¿Cómo se eligen los problemas de investigación? ¿A qué responde la elección?
3. La función educativa de los proyectos de coproducción: ¿cómo se articula esta forma de producir conocimiento con la educación superior?
4. Inserción de estos proyectos en el sistema científico/tecnológico: ¿qué condiciones existen hoy en día para llevar a cabo proyectos de coproducción, en cuanto a reconocimiento dentro del sistema, financiamiento, etc.? ¿Cómo se aborda la práctica investigativa? ¿Cómo se conforman los grupos de investigación?

Ciencia, Universidad y Organizaciones Sociales

Martes 15 de junio – 18 a 21hs – Aula 7, Pabellón 2, Ciudad Universitaria

Ejes de debate:
1. ¿Cómo definir cuáles son los problemas sociales concretos a trabajar? ¿Cómo se hace esto actualmente? ¿Qué problemáticas es necesario abordar hoy en día desde la perspectiva de la coproducción?
2. ¿Cómo es el acercamiento y la relación con las organizaciones sociales/agrupaciones universitarias con las que se trabaja? ¿Qué significa articular?
3. La interacción universidad - organizaciones sociales vista desde ambos lugares. ¿Cómo la vemos hoy y cómo pretendemos que sea?

Organizan: CAUCE (UBA): BASE (económicas) – El Viejo Topo Colectivo Universitario (cs. sociales) – Filo en Construcción (filosofía y letras) – Escucha Activa (psicología) – La Revuelta Universitaria (arquitectura y diseño) – PRAXIS (medicina) y Colectivo desde el Pie (cs. exactas y naturales).

Reproducimos aquí el Manual antirrepresivo de lxs compañerxs de CORREPI por entender que es un material de mucha utilidad.
El “clásico” de CORREPI para saber qué hacer si te detienen (Ciudad y Pcia. de Bs. As.)
* Nadie tiene obligación legal de llevar sus documentos, menos aún un menor de edad. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, tratá de llevarlos.
LO QUE HAY QUE SABER SI TE DETIENEN
Cuando nos enteramos que alguien está detenido, generalmente no sabemos qué hacer. Pensamos en llamar un abogado, pero la hora o la distancia hacen que pase mucho tiempo, y mientras tanto, puede estar siendo golpeado. Hay mucho que podemos hacer, si sabemos algunas cosas sencillas y estamos organizados para defendernos rápido.

* Si te detienen, la policía tiene obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, un abogado o una persona de tu confianza. También tienen que decirte, a vos y a quien pregunte por vos en la comisaría, si la detención es porque te acusan de un delito, de una falta o contravención, o “para identificar” o “averiguar tus antecedentes”. Claro que sólo cumplen esas obligaciones cuando sienten que no tienen más remedio, porque tienen enfrente alguien que sabe y puede generarles un problema si no lo hacen.
Ellos esperan de nosotros dos actitudes: que temblemos de miedo, o que “bardeemos”. En cualquier de las dos situaciones, su poder crece. Es importante cómo nos paramos frente al policía en la calle o en la comisaría. Tenemos que hablar con firmeza y seguridad, con frases completas, mirando a los ojos, porque así los descolocamos, y ya ganamos terreno.
Leé todo lo que sigue para saber cómo manejarte en cada caso.
PRIMERAS ACCIONES
Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enteramos que alguien está detenido es llamar o ir a la comisaría. Si somos varios, mejor. Es muy importante que nos expresemos con seguridad y con las palabras apropiadas. Los policías nos van a mirar muy distinto si ven que hablan con una persona que sabe de qué se trata y a la que no pueden confundir. Tenemos que saber qué preguntar y a quién preguntárselo, y entender lo que nos dicen.
Siempre tenemos que saber antes de ir o llamar el nombre de la persona y si es mayor o menor de 18 años. Si es menor es imprescindible que alguno de los padres o la persona adulta a cargo del chico vaya a la comisaría con la partida de nacimiento.
EN LA COMISARÍA
El primer jefe de la comisaría es el comisario, el segundo y el tercero son dos subcomisarios (administrativo y operativo). Pero el que “maneja” la comisaría es el Jefe de Servicio u Oficial de Servicio, generalmente un oficial inspector o subinspector. Siempre tenemos que pedir que nos atienda él.
El suboficial que nos va a recibir en el mostrador es el Ayudante de Guardia. A él le tenemos que decir que queremos hablar con el oficial de servicio, para conocer la situación de una persona detenida.
La primera pregunta es:
Tenemos información de que fulano está detenido en esta dependencia, ¿me lo puede confirmar, por favor?
Si nos dice que sí, seguimos con ¿cuál es la causa de la detención?

UNA PERSONA PUEDE SER DETENIDA

- por AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD o de ANTECEDENTES (“doble A” o AA”).
- por el CÓDIGO CONTRAVENCIONAL o el CÓDIGO DE FALTAS.
- por un DELITO.
* LOS MENORES DE 18 AÑOS pueden ser detenidos si están cometiendo un delito o por orden judicial, pero no deberían serlo “en averiguación de identidad” o “para identificar”. Claro que igual pasa, entonces, si te detienen “por estar en la calle después de las 22:00″, o porque sí, recordá que:
1- No te deberían esposar, ni llevar en un auto que no se identifique como policial. Si lo hacen, al salir podés denunciarlos.
2-Tampoco te deberían encerrar en un calabozo, ni tenerte junto a mayores de edad, ni quitarte los cordones y/o cinturón, ni hacerte “tocar el pianito”, ni incomunicarte.
3- Lo primero que tiene que hacer el policía que te detuvo al entrar a la comisaría es avisar al Juez de Menores de turno. Preguntá si le dieron intervención. Por una parte, es la mejor manera de asegurarte que lo hagan para “blanquear” tu detención, y por otra, demuestra que sabés cosas que normalmente los pibes no conocen, con lo que se van a cuidar un poco más de prepotearte, por si sos “el hijo de alguien…”.
4- Tenés derecho a llamar de inmediato por teléfono a una persona de confianza.
5- Si te quieren hacer firmar cualquier cosa que no sea clara y no podés negarte, tratá de leerlo para poder informar después de qué se trata.
6- El único que puede revisarte es un médico. Aunque tenga guardapolvo, pedile su matrícula (es como un carnet). Nadie más tiene derecho a hacerte quitar la ropa.
7- Una persona mayor de edad que sea responsable por vos tiene que ir de inmediato a la comisaría, porque el Juez de Menores sólo ordena la “entrega” del menor a los padres o tutores. Si no hay un mayor responsable puede decidir que estás “en situación de abandono o desamparo” y mandarte a un instituto de menores, donde con seguridad vas a estar abandonado y desamparado.
Recordá que no sos Rambo, y que las armas y bastones los tienen ellos. Tomá nota de todo lo que dicen y hacen, mostrá que estás informado, sin ponerte innecesariamente en más riesgo del que ya estás. Confiá en tus amigos y familiares, que estarán confrontando en la sala de guardia.

FAMILIARES DEL MENOR:
Si el detenido es un menor de 18 años, la primera pregunta debe ser: ¿Dieron ya intervención al juez de menores?.
Si contestan que sí, seguimos con ¿Qué dispuso?
Generalmente el juez ordena la entrega a los padres, previo constatar domicilio y visita del médico. Como esto suele demorar, conviene quedarse en la guardia, y cada tanto preguntar si hay noticias del médico. A veces cuando no hay médico llevan el detenido al hospital. El domicilio lo pueden constatar con la persona que se presenta a la comisaría.
Y si nos contestan que no, podemos exigir que lo hagan de inmediato, diciendo: ¿Cómo que no le avisaron al juez de menores? ¿Quiere que vaya a hacer un habeas corpus porque tiene un menor sin intervención judicial?
Las leyes sobre régimen penal de menores nacional y de la provincia los obligan a notificar enseguida al juez de menores. El menor no puede estar en el mismo calabozo que un mayor.
DETENCIÓN POR AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES
La ley, tanto en provincia como en la Capital, dice, palabras más, palabras menos, que la policía está facultada a detener a alguien “Cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita.”
Si tenemos documento, o estamos en la puerta de nuestra casa y podemos entrar a buscarlo, la policía no podría detenernos. Tampoco si no hay “circunstancias que razonablemente lo justifiquen”, que es una forma elegante de decir “sospechoso”. Pero ya sabemos que para la policía sospechosos somos los pobres, los negros, los jóvenes. Así que, con o sin documento, si para ellos estamos en “actitud sospechosa”, nos pueden levantar.
Este tipo de detención sólo puede durar 12 horas en la Provincia de Buenos Aires y 10 horas en Capital. En ese tiempo, la policía tiene que pedir los antecedentes, constatar el domicilio, hacernos ver por un médico, y dejarnos hacer una llamada telefónica. (“Antecedentes”, en este caso, quiere decir “impedimentos”, es decir, sólo importa si tenemos una orden de captura, comparendo o rebeldía dictada por un juez. No importa si hay condenas viejas cumplidas, o causas cerradas sin condena).
No nos pueden poner en el mismo calabozo que detenidos con causa.
Que alguien llegue enseguida a la comisaría en estos casos es fundamental, porque el tiempo se cuenta desde que la policía anota en su libro de detenidos, y a veces lo demoran a propósito. Pero a partir de que alguien pregunta, tienen que “blanquear” la detención.
Que llegue la planilla de antecedentes y venga el médico o lo lleven al hospital es importante para acelerar la salida del detenido, y por eso mismo la policía se demora en hacerlo. Lo que tenemos que hacer es insistir constantemente con que pidan la planilla y que el médico vea al detenido. Cuanto más insistamos, cuanta más gente pregunte por el detenido, se acerque a la comisaría o permanezca afuera apoyando a los familiares o amigos del detenido, más posibilidades hay de que salga rápido y de que no le peguen adentro, o que dejen de pegarle si lo estaban haciendo.
Pasadas las 12 horas en Provincia y 10 horas en Capital, la persona está ilegalmente detenida, hayan llegado los antecedentes o no. Si la persona no es liberada, cualquiera (mayor o menor, pariente o no, con o sin documento) puede interponer un habeas corpus ante el juzgado de garantías de turno (provincia) o de turno para habeas corpus (Capital). Ver al final.
DETENCIÓN POR FALTAS O CONTRAVENCIONES
Las contravenciones son conductas que, sin ser delitos, se castigan como si lo fueran, con penas de multa y arresto.
El que interviene en este caso es el Juzgado de Paz o el Juez Correccional en provincia, y el Fiscal y Juez Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires.
En estos casos, las preguntas son: ¿Qué juzgado tomó intervención? ¿Ya hicieron la consulta? ¿Qué instrucciones dio el juez?

EL CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA (LEY 8031): Es como los viejos edictos policiales, y no se debería aplicar a menores entre 16 y 18 años. Tiene penas de prisión de hasta 30 días.
1- Si te detienen por una “contravención” o “falta”, ojo con lo que firmás: a veces, sin darte cuenta, ponés la firma en una “declaración indagatoria” que ni leíste, en la que reconocés la falta supuestamente cometida (escándalo, desorden, ebriedad, vagabundeo, etc.). Tenés derecho a llamar un abogado que te asista en la declaración indagatoria. También tenés derecho a negarte a declarar.
2- Cuando te aplican una contravención, interviene el Juez de Paz o el Juez Correccional, según el partido de que se trate. La policía tiene 48 horas para darle intervención, y el juez tiene 4 días para resolver la excarcelación. Durante este tiempo, mientras no se deroguen el código de faltas y este procedimiento arbitrario, no se puede hacer nada para lograr la libertad, salvo presionar al juzgado yendo constantemente a preguntar si ordenó la excarcelación.
3- El mismo juez de paz o correccional es el que dicta sentencia, declarándote culpable o inocente de la contravención. Puede aplicar penas de multa o prisión hasta 90 días. A veces te notifican de la sentencia antes de dejarte ir de la comisaría; otras veces te llega una cédula de notificación a tu casa, o te citan para que vayas a la comisaría a notificarte.
4- Desde el momento en que te notificás de la resolución tenés nada más que 3 días corridos para apelarla, si te condenaron. Si te notificás sin apelar, la sentencia “queda firme”, es decir, consentida (aceptada) y te queda un antecedente.
5- El plazo para apelar es tan corto que no podés perder el tiempo (se cuentan sábados, domingos y feriados). Basta con poner “APELO” antes de la firma, o mandar un telegrama al salir (ver modelo al final).
6- Al apelar la sanción impuesta por el Juzgado Correccional o de Paz, pasa todo a la Cámara Penal que corresponda, donde te van a citar para declarar y defenderte. Si la policía no puede probar que te detuvo legalmente, se revoca la pena y te declara inocente.
7- Es importante apelar las condenas por contravenciones aunque ya estés en libertad. Si quedan firmes se computan en el Registro de Reincidencias y si te vuelven a detener en el lapso de 6 meses sos “reincidente” y las penas son mayores. Además, en la mayoría de los casos, las Cámaras están demasiado ocupadas con las causas criminales (robos, homicidios, etc.) y “cajonean” los expediente contravencionales. Si pasa un año desde la detención sin que la Cámara se ocupe del asunto, la pena prescribe, es decir que queda sin efecto como si te hubieran absuelto.
CÓMO APELAR
Puede mandarse por telegrama o llevarse personalmente a la Cámara. Si al salir de la comisaría no te dieron el número de causa, poné solamente la fecha de la detención y la comisaría:
Excma. Cámara: FULANO DE TAL, DNI Nº………, por sí y con domicilio real en ………… ……., en la causa contravencional nº ………… iniciada el día ………. a las ….hs., ante la Cría. nº ….. de la localidad de ………., vengo por el presente a APELAR la resolución dictada. Proveer Conforme, Será Justicia.

EL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD: Desde 1998 reemplaza a los viejos edictos policiales. En algunos casos –cada vez menos, con las sucesivas reformas- no te detienen y te llevan a la comisaría, sino que la policía labra un acta en el lugar, donde dice qué te imputan, y que te tenés que presentar dentro de los cinco días ante el fiscal de turno. Casi siempre, en cambio, te llevan a la comisaría para hacer el acta, supuestamente “demorado”, no “detenido” (aunque no hay ninguna diferencia, estás privado de tu libertad), o con el argumento de que “intimado a hacerlo, no cesaste la contravención”. Hay un defensor oficial de turno al que podés pedir que llamen las 24 horas. En las comisarías tienen el teléfono del defensor oficial de turno y te tienen que comunicar. Si no lo hacen, al salir tenés que ir a la fiscalía que intervino (eso sí te lo informan, porque está en el acta que te dan) y denunciarlo. Cuando te presentás ante el fiscal podés pedir que te represente el defensor de oficio o llevar un abogado particular.
DETENCIÓN POR UN DELITO (O “CON CAUSA”)
Si te acusan de un delito (robo, tenencia de drogas, resistencia a la autoridad o lo que sea), hay un juez (generalmente en la ciudad de Buenos Aires) o un fiscal (generalmente en la provincia de Buenos Aires) que intervienen enseguida. Aunque ellos hayan ordenado tu incomunicación (la policía no puede incomunicarte sin orden judicial), igual tienen obligación de informarte a vos y de informar a quien se acerque a la comisaría los siguientes datos:
1- Qué delito te imputan.
2- A disposición de qué juez o fiscal estás.
3- Qué instrucciones dieron el juzgado o la fiscalía a la comisaría (verificar domicilio, antecedentes, si se ordenó la soltura o si te llevan al día siguiente para prestar declaración indagatoria).
Como suelen contestar que todavía “no tienen instrucciones” o que “tienen que concurrir en nueva consulta”, hay que insistir cada tanto hasta que te lo digan.
En cualquier caso de detención porque te acusan de haber cometido un delito, necesitás un abogado, que puede ser el funcionario público llamado Defensor Oficial o un abogado particular que proponga tu familia. Si el juez ordena el traslado para indagarte, de inmediato tu familia o amigos tienen que ir al juzgado y averiguar qué defensor oficial está de turno e ir a verlo antes de la audiencia (para que no se olvide de estar presente). Si te liberan sin llevarte a tribunales para que declares, no te olvides del asunto. Ni bien puedas acercate al juzgado o fiscalía, averiguá quién es tu defensor oficial y andá a verlo. A veces pasa que mucho tiempo después (meses y hasta años) te enterás de la peor manera que te procesaron, o peor, que te llevan a juicio. Y si no estás en contacto con el tribunal o te mudaste, te pueden librar una captura.
Si la persona queda detenida, un familiar tiene que presentarse en el despacho del defensor oficial para darle todos los elementos que sirvan para la defensa y tratar que pida la excarcelación. Suele ser difícil que nos atiendan de entrada, por eso hay que ir temprano e insistir. El horario de tribunales es de 7:30 a 13:30.
¿QUÉ HACEMOS SI NOS DICEN QUE LA PERSONA NO ESTA DETENIDA, O NO NOS DICEN LA CAUSA DE LA DETENCIÓN?
Si sabemos que una persona fue detenida, pero en la comisaría nos niegan información o dicen que ellos no lo tienen, tenemos que presentar URGENTE un HABEAS CORPUS.
En cada lugar donde hay tribunales hay un juzgado de turno para Habeas Corpus, no importa la hora del día o de la noche.
El que presenta el recurso no necesita tener documentos, ni ser pariente del detenido. Tampoco hace falta hacerlo por escrito, ni se necesita un abogado. CUALQUIERA, MAYOR O MENOR, PUEDE HACER UN HABEAS CORPUS SI CREE QUE ALGUIEN ESTA ILEGALMENTE DETENIDO.
El juez tiene que comunicarse con todas las comisarías (o con la que vos le digas) hasta encontrarlo, saber porqué lo detuvieron, y te lo tiene que informar. Si la detención es técnicamente ilegal, tiene que ordenar la libertad.
En todos los casos, si durante la detención o en la comisaría le pegaron al detenido, al salir hay que llevarlo a un hospital y hacerlo revisar bien. La constancia que queda en el libro de guardia sirve para probar la fecha y hora de la revisación y las lesiones que tenía. No hace falta decirle al médico que fue la policía la que te pegó (a veces, los médicos parecen policías). Lo importante es que se consigne la fecha y hora de la consulta, y la descripción de las lesiones.
Después de ir al hospital, se pueden denunciar las torturas DIRECTAMENTE A LA JUSTICIA. La denuncia judicial se hace en forma oral, y no hace falta ir con abogado.
En la ciudad de Buenos Aires, las denuncias se presentan ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Viamonte 1153, planta baja, de 7:30 a 13:30. Basta con llevar tu documento, la fecha y la comisaría interviniente. En la provincia de Buenos Aires tenés que ir a la fiscalía de turno (”UFI”: Unidad Funcional de Instrucción) del departamento judicial que corresponda, en el mismo horario.
Todas estas técnicas ayudan para acelerar la soltura y aliviar la situación del detenido. No es lo mismo estar solo en manos de la policía que saber que alguien está afuera marcando presencia, haciendo preguntas y mostrando que la persona presa tiene quién se preocupe y moleste.
No son una solución de fondo, pero en el caso concreto ayudan. Muchas veces, a la larga, cuando una comisaría ve que en lugar de lograr que la gente les tenga miedo, aparecen para defender al detenido, y saben qué hacer, se preocupan y aflojan la presión en el barrio.
Mostrarles que no les tenemos miedo, que sabemos qué derechos tenemos y cómo exigir que los respeten, les mete miedo a ellos, porque a nada temen más que a los pobres organizados y conscientes.
Desde 1996 la CORREPI y los familiares de víctimas de la represión policial recopilamos la información disponible respecto de personas muertas por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983. En 2009 la cantidad de muertes supera los 2.800, de los cuales 1.200 fueron asesinados en los últimos 5 años, a un promedio casi uno por día en el último año. Casi todos los casos ocurridos en comisarías corresponden a DETENCIONES ARBITRARIAS, es decir detenciones por averiguación de antecedentes, faltas o contravenciones. Buena parte de los casos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, pero menos de una docena han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte en la Argentina desde 1983 (casos Bouchón de San Nicolás, Sargiotti de Córdoba, Figueredo de Santa Fe, Pazos de Río Negro, Durán, Campos y Bru de la Pcia. de Buenos Aires, De Monty en la Ciudad de Buenos Aires).

Jorge Julio López
Es una de las tantas personas que con su coherencia de vida y su lucha, colaboraron en la primera condena de un genocida desde la nulidad de las leyes del olvido y del perdón.
Toda su vida luchó por la memoria, la verdad y la justicia contra quienes “necesitan” que la impunidad continúe cubriendo con su negro manto las aberraciones del pasado.

Su primera desaparición forzada
El 27 de octubre de 1976, Jorge Julio López fue detenido ilegalmente y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979. Estuvo secuestrado en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en cuatrerismo de Arana, en el “Pozo de Arana”, en las comisarías 5º y 8º de La Plata y finalmente fue puesto a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, lugares en los que fue torturado y, según su testimonio, en ocasiones torturado por Camps y Etchecolatz en persona .

Su segunda desaparición
El 18 de Septiembre de 2006, el día anterior a la lectura del histórico veredicto que finalmente condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio -causa en la cual prestó testimonio – en la ciudad de La Plata fue secuestrado Jorge Julio López, por segunda vez en su vida.

La Causa
Procesalmente y a grosso modo podemos hablar de tres instancias por las que ha transitado la segunda desaparición forzada de Julio:

1) En la justicia ordinaria provincial, a cargo del Fiscal Marcelo Martini y la Jueza de Garantías Marcela Garmendia. En esta etapa, la policía bonaerense inclinó la investigación a la búsqueda de una persona perdida o extraviada, o que se ausentó por propia voluntad, tomando medidas que apuntaban a corroborar esa hipótesis y no a la más obvia y coherente, por el contexto en que se dieron los hechos, de una persona secuestrada o desaparecida.
Mientras la policía seguía esta línea, el entonces Gobernador Felipe Solá y el Ministro de Seguridad León Arslanián reconocieron a los querellantes que necesariamente se estaba frente a un secuestro relacionado con los juicios contra los genocidas de la última dictadura. El seguimiento de esta línea impidió, como mínimo por negligencia, abordar oportunamente otras que tenían mayor asidero investigativo.
2) La causa pasa a la Justicia Federal. El 14 de diciembre de 2006 la Corte Suprema determinó que la causa quede a cargo de la Justicia Federal de La Plata, siendo el Juez Corazza quien llevaría adelante la investigación .
Si bien comienza siguiendo la línea de un secuestro, podemos decir que la causa no iba a encontrar en esta instancia un seguimiento responsable y comprometido, sino todo lo contrario.
Enumerar todas las irregularidades que tiñeron esta etapa haría de este texto un material inabordable (como lo es al día de hoy la causa). Por lo que repasamos algunos puntos ejemplificativos:
- No se tomaron medidas de investigación sobre Miguel Osvaldo Etchecolatz y su entorno. Tampoco se ahondó en la posibilidad de que otros policías mencionados por López en su declaración pudieran tener interés en su silencio, ni en el personal del servicio penitenciario afectado por lo que López hubiese podido declarar en la causa en la que se investiga al personal penitenciario de la Unidad Nº 9 de La Plata .
- Se sucedieron rastrillajes sin ningún criterio, que obedecían a llamados anónimos al 911 y denuncias de vecinos.
- Se abandonaron (o se viciaron de nulidad) líneas investigativas que daban con el rastro de López a pocos días de su desaparición.

- No se siguió seriamente una línea de investigación respecto de: Hugo Alberto Guallama, Raúl Pedro Muñoz, Carlos Alberto Basualdo, Oscar Emilio Bravo, Juan Ramón Rodas, Gregorio Urbano Medina, Julio César Pasquale, Héctor Alberto Herrera, Jorge Antonio Bergés, Julio César Garachico, Manuel Aguiar, Ángel Francisco Trotta, Carlos Ramón Gómez, José Alfredo Orellana. Todos ellos participaron en hechos de la represión ilegal durante la última dictadura militar, respecto de los cuales habría resultado damnificado Jorge Julio López, entre otros”.
- Se efectuaron allanamientos que fueron llevados adelante por el Ministerio de Seguridad sin control fiscal o de las querellas.
- Pista Garachico: Julio César Garachico, vinculado con el centro clandestino que funcionó en la comisaría 5ª y con la patota de Miguel Etchecolatz. Desde mediados de los `60, según registros de la Dipba , integró un “comando de la represión” dependiente de la Dirección de Investigaciones, donde prestó servicios durante la guerra sucia.
- Sobre las requisas efectuadas en Marcos Paz. La investigación sobre los detenidos por delitos de lesa humanidad en Marcos Paz, tiene sentido en tanto se piense en el interés de quienes están allí detenidos, por evitar la continuidad de los juicios. Respecto de estos, sólo se efectuó una requisa, no existió control judicial ni acceso de las querellas al procedimiento, so pretexto de evitar filtraciones.
- La agenda de Miguel Osvaldo Etchecolatz, por lo menos ameritaba el análisis el hecho de que surgió, por ejemplo, el nombre de Susana Beatriz Gopar .
- Pista Chicano. Esta línea de investigación se abre en noviembre del año 2006 por un aporte de organismos de derechos humanos: una foto que acredita la presencia de Oscar Chicano a pocos pasos de Jorge Julio López el día 12 de agosto de 2006. Tal presencia de Chicano resulta incomprensible, salvo que se encontrara en el lugar realizando una tarea de inteligencia o similar. Refuerza la necesidad de investigación el hecho de que pertenencia a la Secretaría Privada de Jefatura durante la etapa en que Etchecolatz fue responsable de la fuerza.
- Pista Atalaya. El día 23/09/06 se realizaron procedimientos en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena, donde se encontraron rastros de Julio. En una serie de procedimientos plagados de irregularidades, en los cuales “la bonaerense” se cansó de embarrar la cancha, esos rastros se perdieron, no se dejó constancia correctamente de los mismos, etc. No ha quedado claro por qué se tomó la decisión de investigar en Atalaya, ni por qué se interrumpió este procedimiento, con argumentos como “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante” a pesar de encontrarse ante la posibilidad de seguir hallando rastros de Julio.
- Sobre la línea “miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense”. Es sabido que Jorge Julio López tenía planificado declarar y presentarse como querellante en los procesos iniciados a los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense en la causa denominada Unidad 9, donde casi veinte procesados esperan el juicio.
- Cadáver calcinado en Punta Lara. Debe recordarse también que a tres días de la desaparición de López apareció un cadáver calcinado en Punta Lara. Arslanián y Solá reconocieron en su momento la íntima relación de la aparición del cadáver con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por los querellantes de que se trataba de un mensaje mafioso, propio de la policía bonaerense, puesto que el cadáver calcinado apareció en un lugar emblemático para la ciudad de La Plata . En la causa provincial que investiga esa muerte no se registró ningún avance.
Las relatadas son algunas de las muchísimas irregularidades que cometió el Juez Corazza mientras tuvo en sus manos la causa. Podemos decir que:
- Corazza llenó miles de hojas en expedientes que no conducen más que a la impunidad; movilizó cielo y tierra para investigar pistas que evidentemente no conducían a nada y no hizo lo más mínimo en las que sí tenían asidero. Realizó allanamientos tardíos y viciados de nulidad; sistemáticamente se negó a seguir las pistas aportadas por los querellantes., y luego de 29 meses de su segunda desaparición Corazza se inhibió de seguir participando en la causa.

3) La causa pasa al juzgado del Juez Blanco (o tercera desaparición de Jorge Julio López). La causa quedó radicada ante el juez Blanco quien, para estudiarla, ya la sacó de la Secretaría Especial en que se encontraba; retomando líneas investigativas que habían sido correctamente abandonadas, y ordenando medidas de prueba que ya se habían producido, etc.
La ineficiencia, la morosidad, la complicidad y el encubrimiento que rodea toda la investigación del secuestro y la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López han tornado inabordable la causa judicial. Por eso decimos que julio ha desaparecido por tercera vez.
Hasta el momento, lo único que ha dado resultados positivos en cuanto a romper el silencio, combatir la impunidad de los genocidas y la complicidad del Gobierno, y retomar el compromiso de Julio López y de los miles de compañeros y compañeras que lucharon por un mundo distinto, sin opresores ni oprimidos, ha sido la lucha y organización de todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con los genocidas de ayer y de hoy.
Ha seguir ganando las calles... si el presente es lucha, el futuro es nuestro.
Exigimos al Gobierno aparición con vida YA! de Jorge Julio López

“Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y —lo que es peor aún— el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria”

(DE)FORMAS Y CONTENIDOS
“Si es cierto que la técnica, como usted dice, depende en parte considerable del estado de la ciencia, aún más depende ésta del estado y las necesidades de la técnica. El hecho de que la sociedad sienta una necesidad técnica, estimula más a la ciencia que diez universidades” Friedrich Engels

La Universidad, como se concibe actualmente, surge y se desarrolla en el seno de una sociedad dividida en clases, específicamente toma la forma del sistema social capitalista. En ese marco, en tanto institución estatal, se erige como un dispositivo superestructural tendiente a la producción y reproducción de las relaciones sociales vigentes.
Por un lado: produce mano de obra calificada, esto es: produce una de las mercancías más relevantes en el proceso de producción y reproducción capitalista: una fuerza de trabajo “especial” que luego se compra y se vende en un espacio simbólico, el “mercado”, donde aquélla se encuentra subordinada a las conocidas leyes de éste: oferta y demanda. A su vez, esta producción de mano de obra calificada, al mismo tiempo, “califica” el mercado laboral.
Este proceso no es invariable. Por virtud del natural desarrollo de la estructura del sistema, las fuerzas productivas (la “capacidad” de los trabajadores, la tecnología) se hallan en constante evolución. Para afrontar la exigencia de adaptación al sistema productivo, también la universidad va modificando la mercancía que produce. Produce cuadros políticos, técnicos, operadores. Fortalece ciertas disciplinas, degrada otra. Depende de las necesidades y de la correlación de fuerzas existente para poder llevarlo adelante. Este fenómeno, que puede presentarse más o menos visible, lento y profundo, trastoca la direccionalidad de la Universidad y de la ciencia, su contenido y sus fines .
Por el otro: produce conocimiento, que, por lo menos hoy, es claramente una mercancía más que, consecuentemente, se vende y se compra en el mercado. A su vez, las exigencias de éste, condicionan el contenido del conocimiento que se produce en la Universidad. Esta producción se constituye en un elemento fundamental en la producción social (material e inmaterial, económica y simbólica). Luego, el conocimiento producido en la Universidad se transforma en “verdad”, en conocimiento legitimado, considerado socialmente como verdadero .
Finalmente, y no por ello menos importante, la Universidad procura formar intelectuales orgánicos o cómplices de la clase dominante , para que compartan, legitimen y reproduzcan sus intereses y valores, constituyendo un engranaje de la cadena de refuerzo y desarrollo de la base ideológica y cultural hegemónica capitalista .
Estos procesos no se desarrollan aisladamente, sino que se cruzan, contradicen y complementan. Y antes que detenernos aquí a dilucidar si existe “una” función principal de la Universidad, y si esa función es la económica (estructura) o la cultural-ideológica (superestructura), afirmamos que es un fenómeno que se desenvuelve dialécticamente.
Nos interesa pensar en cómo combatir esta “realidad” que se presenta como pertinaz y pareciera ser lineal. Lo primero es comprender que no lo es. Más bien la realidad es contradictoria.
Si bien entendemos a la Universidad en general como un ámbito donde se produce y reproduce la hegemonía de las clases dominantes, también consideramos que en ella existe la posibilidad de contrarrestar esta hegemonía. Es evidente que las relaciones sociales de dominación tienen su expresión en aquélla, pero no como un mero apéndice del Estado (y la clase a la que representa) sino como un escenario de luchas donde no necesariamente existe una correlación de fuerzas ni una hegemonía que sea un “reflejo” de la que existe en otros ámbitos de la lucha de clases . Es un espacio de disputa, que nos interpela a asumir responsabilidades y tareas.
Porque la Universidad es un ámbito que en tanto aporta a la construcción de conocimiento y a la formación de compañeros/as que mayormente son y serán trabajadores/ as, presenta un enorme campo de disputa en la orientación y el para qué de ese conocimiento y formación; entendiendo como partes de una misma lucha tanto la “forma” (gratuidad, condiciones edilicias, presupuestarias, etc.) como el “contenido”: el para qué y con qué objetivos nos formamos en la Universidad. Las contradicciones del sistema productivo y la lucha de clases generan grietas en ese rol/papel/función que el sistema capitalista le otorga a la Universidad . Así como el capitalismo genera al sujeto de su destrucción (los obreros) y genera las crisis que posibilitan las condiciones para ello, también la Universidad genera a los sujetos y las circunstancias para su transformación. Entre ambos (sujetos y situaciones) media una dialéctica compleja, que nos exime de cualquier proposición lineal o determinista.

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR. CONSTRUIR PARA TRANSFORMAR.

En La República del silencio, Sartre decía que un “colaborador” es aquel que sostenía y reproducía que la ocupación nazi de Francia, durante la segunda guerra mundial, era una situación natural, que no podía cambiar, que “las cosas son así” .
Las “cosas”, no necesariamente, “tienen que ser así”. El sistema social en el que vivimos no es eterno, divino, sagrado, ni mucho menos. El capitalismo no siempre existió, ni necesariamente tiene que seguir existiendo. Es un sistema social histórico (como el antiguo, el esclavista, el feudal), y es el resultado de la lucha de clases.
Tampoco la Universidad ha sido siempre lo que es hoy. Al concebirla históricamente, observamos que ha ido mutando en el tiempo, que se ha “reformado”.
Y no somos ni queremos ser “colaboradores”. Queremos transformar la sociedad y la Universidad. Somos conscientes de que podemos aportar mucho a esa transformación.
Tenemos la firme convicción de que tamaña empresa no puede llevarse a cabo sin organización y por ello, luego de tomar conciencia de la realidad, la primera tarea es organizarnos y construir una identidad a partir de un proyecto político que oriente y guíe nuestra militancia.
Conocemos muchas experiencias de docentes, graduados y estudiantes, que tratan de no reproducir el orden establecido, que cuestionan la sociedad en la que vivimos y la universidad que tenemos, que dan la batalla desde su lugar. Esas experiencias no dejan de ser valiosas; pero se vuelve imprescindible comprender la necesidad de romper con la individualidad. El individualismo, más allá de las posiciones políticas, es un elemento funcional a la reproducción del sistema, y ha calado muy hondo en la sociedad y, como no podía ser de otro modo, en la Universidad. Si no hay ámbito de organización que nos permita desarrollar nuestras potencialidades, toda iniciativa desaparece en su estado embrionario al no adquirir carácter colectivo. Nace la frustración como fuerza desmovilizadora.
“La puesta en pie de organizaciones que articulen en un todo la acción política pero también la investigación teórica, la deliberación democrática y la acción decidida y crítica, y la coordinación con otros sectores en lucha mientras revolucionan las estructuras y se transforman a sí mismas, es el primer paso en la construcción de una estrategia anticapitalista para la Universidad” .
Aktivista, un colectivo de trabajadoras y trabajadores universitarios, ha dado el primer paso; y surge entonces de la conciencia, de una imposición de la realidad, de la necesidad de construir una nueva “trinchera”, y a partir de allí impulsar diversas políticas que encierren en su seno la incentivación a la participación política, a la organización, a la toma de posicionamiento crítico ante la realidad que nos atraviesa, trastocando creativamente la lógica de pasividad y delegación que caracteriza a la vida universitaria y a la vida social en general; que rompa con esa fuerte herencia de fatalismo y resignación traducidos en “las cosas son así” y que problematice el rol socialmente asignado a las profesiones y a los profesionales. Que cuestione el orden establecido y que conciba como horizonte la transformación radical de las (podridas) estructuras en que se asienta el inhumano y miserable sistema en el que nos toca vivir.
En todo momento y lugar, pero sobre todo en un escenario de crisis orgánica del capitalismo y la consecuente profundización de las miserias materiales y humanas resultante de sus contradicciones, todos aquellos sujetos y sectores de la universidad que pensamos que una sociedad diferente es posible, nos vemos interpelados a formar parte de un desafío de magnitud: ser parte activa del conflicto social y constituirnos como un actor destacado en la lucha política nacional.
Por ello, parte del proyecto de Aktivista está vinculado a la inserción en la Universidad y a poder constituirnos como una alternativa política que aglutine docentes y graduados. Asimismo, compartimos el mismo proyecto de Universidad con los compañeros y compañeras de la Corriente de Agrupaciones Universitarias contra la Explotación (CAUCE).
Entendemos que actualmente no existe un debate teórico/político global dentro del ámbito universitario, salvo algunas excepciones; como así tampoco existe la construcción de un conocimiento crítico y totalizador que pueda aportar al análisis de la realidad social en la que vivimos y en definitiva a su transformación. En ese sentido, se torna indispensable construir una propuesta caracterizada por un trabajo serio, a largo plazo y que no tenga como única ambición el triunfo electoral; aglutinando sujetos con capacidad de mirar a las distintas disciplinas científicas críticamente, de manera integral y no aislada ; que cuestionen y reformulen el rol del profesional.
“Porque la Universidad no debería ser una caja de resonancia donde durante años se escuchan las mismas teorías y los mismos análisis. Creemos que es imprescindible constituir un espacio democrático, plural y crítico, que dispute en la lucha por la construcción del conocimiento y que también dispute espacios de poder, con el objetivo de profundizar nuestra lucha por una Universidad y una sociedad distintas” .
Al reconocer a la Universidad en el complejo de relaciones sociales, advertimos como una exigencia aunar lazos y vincularnos con todas aquellas organizaciones o experiencias de lucha que plantean y construyen la independencia política de la clase trabajadora. Esta vinculación puede construirse aquí y ahora, primero con los docentes, no docentes, graduados y estudiantes con quienes podemos discutir, nutrir y consolidar un mismo proyecto de universidad, asumiéndonos como trabajadores y trabajadoras, y buscando la unidad con los sectores en lucha junto con los cuales debemos encontrar nuestro lugar, nuestro puesto de combate, que permita vincularnos e impulsar una fuerza social que construya la hegemonía del proletariado sobre la base de un proyecto político superador que ofrezca una salida favorable al campo popular. Comenzar a construir la posibilidad de esos cambios, abriendo espacios, brechas, cuestionando, comenzando la transformación real, se torna necesario.
No empezamos de cero. Parte de la universidad que queremos ya se encuentra en su seno, disputando formas y contenidos, disputando su dirección. Apostamos a la profundización de esta lucha. Nos sumamos a los que ya están en la “trinchera” y esperamos que se sumen muchos más.

DE CLAUSTROS Y CLAUSTROFOBIAS. MUCHOS MITOS, EXISTEN ACÁ…
“Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime”
Bertolt Brecht

El régimen de gobierno de la Universidad se asienta sobre la base de claustros. Esto es: sectores bien definidos en los cuales se encuentran comprendidos y contenidos los distintos sujetos de la comunidad universitaria, en función del lugar que ocupan en el complejo de producción y reproducción que se desarrolla en el seno de las Casas de Estudio.
Desde la Reforma del `18 las Universidades han sido “co-gobernadas” por profesores, graduados y docentes. Recientemente han sido incorporados en algunas universidades, con un sentido estrictamente testimonial, los no-docentes.
A simple vista, uno podría decir que esta estructura de gobierno se corresponde más con sociedades pretéritas como la feudal .
Lo cierto es que la estructura formal de gobierno universitaria está muy lejos del modelo de “democracia representativa”, el traje que mejor le queda al sistema capitalista mundial desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Una democracia que comenzó siendo “calificada” y a partir de la segunda mitad del siglo XX se consolidó como “de masas”.
“Nuestro régimen universitario —aún el más reciente— es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La federación universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático”. Lo escribieron estudiantes hace 90 años. Hasta los rectores y decanos más recalcitrantes reivindican este hecho histórico. Sin embargo, las cosas no han cambiado demasiado.
La hipótesis que sostenemos es que, por un lado, la conservación de este régimen se debe al resultado de la correlación de fuerzas en el seno de la Universidad. Esto quiere decir que el sector hegemónico-conservador mantiene hasta hoy una buena cuota de poder; y los sectores que vienen luchando por una Universidad democrática y popular desde hace más de 90 años, no han logrado imponer y profundizar sus reivindicaciones, más allá de algunos saltos cualitativos que no se sostuvieron en el tiempo .
Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre a nivel global, donde predomina la democracia formal, el sistema meritocrático es el más conveniente a los sectores universitarios dominantes (y, en consecuencia, a la clase dominante de la sociedad). Se ven imposibilitados, por los fuertes intereses a los que representan, de, por lo menos, “lavarle la cara” a esta estructura podrida. Es ingenuo esperar de su parte, un cambio voluntario en este sentido, lo que significaría su autodestrucción.
Luego, esta forma perversa se traslada a la estructura de las cátedras ; donde el mérito se convierte en mayores derechos.
Aquellos graduados que durante su paso por la carrera no acumularon suficientes “influencias” entre los que tienen el poder dentro de cada disciplina, difícilmente puedan insertarse en la universidad. Esto implica que para aquellos que no comulgan con la ideología y forma de pensar/hacer de la “gestión” los lugares de la universidad le están vedados: el otorgamiento de becas de investigación y concursos está manipulado. De la misma manera, si no pudieron pagarse posgrados quedarán exentos de aspirar a un cargo en la facultad: a la hora de evaluar en un concurso pesan, casi de manera unilateral el título de post grado obtenido, la cantidad de publicaciones y asistencia a congresos como ponentes).
El principio de un hombre/una mujer/un voto, que rige en todos los órdenes de la vida nacional no rigen para la Universidad, donde el voto de un profesor titular vale 37 veces más que el de un estudiante. Esta ponderación es un obstáculo para la unificación de los diferentes sectores de la Universidad, porque alimenta criterios corporativos en la toma de decisiones; estimulando la delegación, elitizando la toma de decisiones, que con una apariencia académica encubre una esencia definidamente política. Así se logra escindir lo ideológico y lo académico como si fueran cosas separadas.
En efecto, el titular diseña los programas de estudio: los súbditos obedecen. El titular es el jurado en la elección de los docentes “auxiliares”: estos, para sobrevivir, se tornan condescendientes. La “libertad de cátedra” es, entonces, la libertad de los titulares, quienes, en muchos casos, conforman la corporación que constituye el dique de contención al proyecto de Universidad popular que buscamos.
Se puede hacer un manual de situaciones de opresión y autoritarismo derivados de este régimen.
Sin embargo, nuevamente sostenemos que la realidad es contradictoria, y que el poder no es una cosa, son relaciones. La lucha por generar relaciones de fuerza que nos permitan contrarrestar la hegemonía dominante está abierta, y tenemos grandes perspectivas.
La disputa de la dirección ideológica y política de la universidad a los sectores que la dirigen para que sea un apéndice del capital y no un centro productor y distribuidor de conocimiento al servicio de la clase trabajadora y la liberación social, es el desafío que proponemos y llevamos adelante, constituyéndonos como una fuerza crítica y creadora en el proceso de producción de conocimiento, buscando organizar la voluntad colectiva de manera horizontal, que convierta el conflicto en lucha y se exprese en múltiples formas, y que dé la batalla contra el corporativismo político de la Universidad.
Los sectores universitarios que protagonizaron la Reforma Universitaria de 1918, los que atravesaron la “Noche de los bastones largos” en 1966 e impulsaron el “Cordobazo” en 1969, los desaparecidos durante la última dictadura militar, comprendieron la necesidad de intervenir políticamente para defender el proyecto político que levantaba en ese momento un sector mayoritario del movimiento universitario, el de la transformación social.
Aquellos estudiantes y docentes dieron el salto cualitativo al sacrificar lo individual en pos del trabajo colectivo, de logros colectivos. Comprendieron que cada batalla librada por los trabajadores con sus organizaciones de base en pos de una transformación social, debía ser una directiva inmediata para la reflexión, la organización y la acción en defensa de los intereses de esa clase (de la que muchos estudiantes provenían, que componían junto a docentes y graduados). Nos reconocemos como continuadores de esas experiencias.

UNA VEZ QUE SE ES CONSCIENTE, NO HAY TIEMPO QUE PERDER

El fundamento principal de la división en claustros, como bien lo observó el movimiento universitario en 1918, se sustenta en un derecho divino de quienes detentan el “conocimiento”: los profesores (en rigor de verdad, sólo unos pocos profesores –menos del 10%-); luego quienes son puestos en la función de “rueda de auxilio” de aquéllos: los graduados (la mayoría de los cuales son docentes a quienes se los margina de la representación, discusión y dirección en el claustro de profesores); le siguen quienes son sólo alumnos –sin “luz”- y a quienes se les otorga un rol pasivo en la producción de conocimiento: los estudiantes; y finalmente, como furgón de cola, los demás trabajadores: los no-docentes, a quienes se considera incapacitados para discutir y decidir en las problemáticas que se suceden en su lugar de trabajo: la Universidad.
Esta división oculta la lucha de clases y los distintos proyectos políticos que existen al interior de la Universidad. Al mismo tiempo, dicha escisión jerárquica es funcional a las camarillas que conforman algunos docentes por sobre otros, docentes unidos por sus intereses y que excluyen al resto de los pares de su “pacto corporativo”, es causa de la opresión (“académica” y “política”) que sufren la gran mayoría de los trabajadores docentes; aborta la democracia interna que tiene que imperar en el seno del colectivo universitario; alimenta el individualismo y el carrerismo; acalla voces disidentes y asfixia la unidad fundada en un proyecto político y no en el sectorialismo.
Si bien impulsamos una batalla cultural y política en todos los ámbitos de la Universidad, y pensamos que el problema pasa por “el “todo” y no sólo por los canales formales de decisión, entendemos que la abolición de los claustros y la deliberación conjunta en espacios democráticos puede tender a la dinamización y democratización de los espacios de disputa política, hoy prácticamente fosilizados, a la eliminación de privilegios y es un terreno más favorable para que los universitarios profundicemos un proceso de participación y discusión en el que pongamos en debate el rol de la Universidad en el marco de la sociedad de clases, y sobre todo para incidir en la transformación de la universidad y de la sociedad.
Una Universidad popular, científica y crítica sólo puede sostenerse rompiendo con cualquier pretensión de neutralidad de la ciencia (neutralidad en el método de abordaje de la realidad y en la producción concreta que resulta de ella). La “ciencia” es una construcción humana y como tal está determinada por personas que tienen intereses y posiciones políticas. Es una construcción esencialmente política.
De modo que el núcleo de la disputa tienen que ser los proyectos políticos, y no las mezquindades sectoriales. Las diferencias no pasan por si somos docentes o estudiantes; eso empantana la discusión política y es el terreno al que pretenden llevarnos las camarillas.
Nuestro proyecto político es una educación que rompa con el modelo tradicional que plantea la relación educativa en tanto dominación del educador por sobre el educando a través del control del conocimiento.
Nuestro proyecto político es la organización y la acción, torcer la relación de fuerzas existente y convertirlo en hegemonía.
Nuestro proyecto político es demoler las actuales estructuras podridas y construir una Universidad popular: un edificio nuevo en el que se genere un conocimiento colectivo al servicio de los intereses y necesidades de la clase trabajadora; en el que no se “produzca” mano de obra calificada al servicio del mercado, sino preparación intelectual para suministrar a la fuerza social y política encargada de cumplir el papel histórico de enterrar al capitalismo.

Aktivista
Colectivo de Trabajo Universitario

La Ciega- Colectivo de Abogados Populares – Graduados de Humanidades – Graduados de Periodismo y Comunicación Social