La respuesta se cae de madura, pero la escena se repite. En el mejor de los casos, termina la tanda publicitaria, se prenden las luces del piso y un Santo, con prestigio de hombre serio pero sensible, presenta el problema como un debate entre la legitimidad del derecho a vivir en un ambiente digno y la ilegalidad del accionar de quienes ocupan un espacio que tiene dueño. “Un problema sin solución”, concluye, antes de pasar a la “información” sobre Gran Cuñado 2009. En el peor de los casos, desde las páginas de algún diario, un abogado señala que construir en suelo ajeno es un delito (e impulsar ese accionar, por supuesto, también) y que no-hay-problema-que-justifique-romper-la-ley.
Cuánta falta les hizo un abogado a los habitantes originales del sur argentino a fines de la década de 1870, cuando los indios de las pampas y la Patagonia fueron cruentamente desalojados por el ejército de Roca, en la autodenominada “conquista del desierto”, bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda. El saldo de la campaña: miles de indias e indios asesinados y alrededor de 14 mil despojadas y despojados de su suelo y su cultura, apropiadas por las señoras de la “alta sociedad” que precisaban mucamas y cocineras, o mandados al norte como mano de obra gratuita para los ingenios azucareros y las madereras.
Concluido el aniquilamiento, sólo faltaba que el Estado Nacional y la burguesía local repartieran el botín. Dice el historiador Felipe Pigna: “La llamada ‘conquista del desierto’ sirvió para que entre 1876 y 1903 (…), el Estado regalase o vendiese por moneditas 41787023 hectáreas a 1843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período”. El propio general Roca fue uno de los beneficiados, con la asignación de 15 mil hectáreas (muchos años después, se lo seguiría homenajeando con una línea de trenes y su retrato en los billetes de cien pesos). El resto, familias que ya eran grandes terratenientes o que iniciaban su camino con esta bendición: los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, apellidos que suenan por su histórica persistencia en posiciones de poder (político o económico).
En el principio: masacre y reparto
Hacia fines del siglo XIX la Argentina estaba despoblada, consecuencia de los distintos conflictos bélicos que se habían afrontado. El objetivo pasó a ser, entonces, poblar el país, pero no de cualquiera manera: específicamente, con inmigrantes europeos. Pese a las manifiestas preferencias de Sarmiento, no fueron holandeses, suecos, noruegos o alemanes quienes bajaron de los barcos. A lo largo de tres décadas, ingresaron a la Argentina millones de españoles e italianos, y con ellos, las ideologías que dominaban en los movimientos obreros de esos países: el anarquismo y socialismo. Muchos inmigrantes fueron al campo, pero quienes no encontraron suelo y trabajo, debieron hacinarse en las grandes ciudades. En ese marco fue que se dio la huelga de inquilinos de 1907, cuando, para resistirse al gran aumento que pretendían imponer los propietarios de las casas, casi mil personas dejaron de pagar el alquiler durante dos meses. En la huelga no faltó la represión policial, que dejó como saldo muchos presos y deportados.
Pero el problema de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se masificó con la llegada de inmigrantes internos que buscaban salir de la pobreza y ocupar alguno de los puestos de trabajo que se iban creando con el proceso de sustitución de importaciones durante los años 30. La década del 40 vio nacer a las primeras villas miseria de la Capital, con inmigrantes del interior y de países limítrofes. La más grande de ellas, con un nombre que habla por si sólo: Villa Desocupación, hoy Villa 31 de Retiro. Este proceso no fue reprimido en su momento, porque los pobladores de las villas todavía constituían la mano de obra de la naciente industria.
Corrían los años 60, cuando en plena dictadura de Onganía sacaban a los pobres de las villas para “limpiar” las ciudades. Fue así como se inició el proceso de erradicación de las villas, que le abrió la puerta a los grandes grupos económicos para que se volcaran de lleno a los negocios inmobiliarios. Esta problemática se agudizó durante la última dictadura militar, con la expulsión de numerosas familias al conurbano bonaerense. La política de desalojo de villas, el código de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Locaciones Urbanas y la destrucción de viviendas para la construcción de autopistas fueron las medidas que tomó el Estado para impulsar este proceso.
En la ciudad hacinamiento y especulación
Durante los años ‘80 y ‘90, se produjeron numerosas tomas de tierras organizadas de forma colectiva, que intentaban dar una respuesta a la grave situación habitacional. Actualmente, un nuevo ciclo de lucha por la tierra y la vivienda inició, a través de múltiples tomas de tierras y edificios. Las políticas sociales y de vivienda que el Estado implementa desde hace algunas décadas no solucionaron el déficit habitacional y social. Mientras, según el INDEC casi 2,7 millones de hogares porteños son considerados deficientes, hay casi un millón de casas desocupadas que no están en alquiler y a las que los trabajadores no pueden acceder. En el país, el 70% de los hogares más pobres no tienen resuelto el problema habitacional. En la Ciudad de Buenos Aires, a esta situación se le suma la escalada de violentos desalojos de los últimos meses emprendidos por el gobierno de Mauricio Macri.
Como se puede apreciar, el problema habitacional de los sectores populares, bajo distintas formas, tiene más de un siglo de historia. Tiene sus raíces en el sistema capitalista, fue empeorado por el modelo neoliberal impuesto por la dictadura genocida de los 70 y continúa hasta hoy, bajo la atenta mirada o la activa complicidad de los gobiernos que se sucedieron desde el 83 hasta la actualidad.
Las organizaciones sociales sabemos más que nadie que hay discusiones que tienen que ver con nuestras urgencias: no tener vivienda ni espacio para nuestros hijos, no tener acceso a una educación de calidad, a un barrio digno, a una plaza, a lugares para hacer deportes y actividades culturales, a la salud. Éstas y otras reivindicaciones serán la punta de flecha de nuestras luchas.
No a la criminalización de la lucha por vivienda digna
¡Basta de desalojos!
¡Exigimos al estado políticas de vivienda y hábitat dignos ya!
Tierras para Vivir
Periódico de vivienda y toma de tierras
Adhesiones a: periodicotomas@yahoo.com.ar
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