Hace cien años Argentina se preparaba para los festejos del Centenario, era, para la oligarquía gobernante, la oportunidad de mostrarle al mundo los progresos y potencialidades del país. Pero para esto había que ocultar y tapar muchas cosas, sin importar el costo. Es importante que lo tengamos presente hoy, en este bicentenario, que nuevamente nos encuentra en medio de una avanzada criminalizadora y represiva.
El 1º de mayo de 1909 se realizó en Buenos Aires una manifestación multitudinaria que fue ferozmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 8 muertos y 105 heridos. La respuesta de lxs trabajadorxs fue una semana de huelga general con un acatamiento masivo que obligó al gobierno a anunciar que derogaría el código Municipal de penalidades y a prometer la liberación de los presos políticos.
El 14 de noviembre Ramón Falcón, quién era conocido por su ensañamiento en la persecución de los anarquistas y había dirigido la represión del 1º de mayo, fue asesinado por una bomba arrojada por Simón Radowitsky, un estudiante ruso anarquista. Esto fue la gota que rebalsó el vaso: la represión y criminalización se acentuaron inmediatamente. Se declaró el estado de sitio.
Con estos antecedentes comenzaron a prepararse los festejos del primer centenario, al que asistirían más de 50 representantes de distintos países, destacada entre ellos Isabel de Borbón la infanta de España; era la posibilidad para el movimiento obrero argentino de mostrar al mundo la otra cara de la Argentina, y para reclamar la derogación de la ley de residencia y la libertad de los presos políticos.
El 8 de mayo de 1910 se realizó una manifestación contra las autoridades de la Penitenciaria Nacional pidiendo la libertad de los presos políticos, 70.000 personas acudieron a la cita; los preparativos se tensaron aún más y el temor de las autoridades de que los festejos pudieran verse perturbados por manifestaciones populares se reforzó.
El 13 de mayo volvió a declarase el estado de sitio y comenzaron las detenciones masivas. Esa misma noche, bandas parapoliciales integradas por estudiantes y comerciantes atacaron y destruyeron las redacciones de La Protesta y La Vanguardia (publicaciones obreras), así como también sindicatos y otros locales de reunión política.
Algunos meses antes se había sancionado la Ley de Defensa Social que permitía la expulsión del país de “sujetos peligrosos”, limitaba la actividad sindical, y prohibía la propaganda anarquista, así como el ingreso de extranjeros que hubieran sufrido condenas. Esta norma venía a complementar la ley de residencia todavía vigente donde se establecía que “El poder ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación Argentina de todo extranjero por crímenes y delitos de derecho común (…) y cuya conducta comprometa la seguridad nacional y perturbe el orden público.” De esta manera podemos darnos una idea de la inestabilidad de la situación de los inmigrantes en el país y de las armas con que contaba el gobierno dentro de la legalidad estatal para reprimir y criminalizar cualquier manifestación social.
Los festejos se realizaron finalmente el 25 de mayo en medio del estado de sitio, con 2000 obreros presos, diarios clausurados y clima de represión generalizado.
El 1º de mayo de 1909 se realizó en Buenos Aires una manifestación multitudinaria que fue ferozmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 8 muertos y 105 heridos. La respuesta de lxs trabajadorxs fue una semana de huelga general con un acatamiento masivo que obligó al gobierno a anunciar que derogaría el código Municipal de penalidades y a prometer la liberación de los presos políticos.
El 14 de noviembre Ramón Falcón, quién era conocido por su ensañamiento en la persecución de los anarquistas y había dirigido la represión del 1º de mayo, fue asesinado por una bomba arrojada por Simón Radowitsky, un estudiante ruso anarquista. Esto fue la gota que rebalsó el vaso: la represión y criminalización se acentuaron inmediatamente. Se declaró el estado de sitio.
Con estos antecedentes comenzaron a prepararse los festejos del primer centenario, al que asistirían más de 50 representantes de distintos países, destacada entre ellos Isabel de Borbón la infanta de España; era la posibilidad para el movimiento obrero argentino de mostrar al mundo la otra cara de la Argentina, y para reclamar la derogación de la ley de residencia y la libertad de los presos políticos.
El 8 de mayo de 1910 se realizó una manifestación contra las autoridades de la Penitenciaria Nacional pidiendo la libertad de los presos políticos, 70.000 personas acudieron a la cita; los preparativos se tensaron aún más y el temor de las autoridades de que los festejos pudieran verse perturbados por manifestaciones populares se reforzó.
El 13 de mayo volvió a declarase el estado de sitio y comenzaron las detenciones masivas. Esa misma noche, bandas parapoliciales integradas por estudiantes y comerciantes atacaron y destruyeron las redacciones de La Protesta y La Vanguardia (publicaciones obreras), así como también sindicatos y otros locales de reunión política.
Algunos meses antes se había sancionado la Ley de Defensa Social que permitía la expulsión del país de “sujetos peligrosos”, limitaba la actividad sindical, y prohibía la propaganda anarquista, así como el ingreso de extranjeros que hubieran sufrido condenas. Esta norma venía a complementar la ley de residencia todavía vigente donde se establecía que “El poder ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación Argentina de todo extranjero por crímenes y delitos de derecho común (…) y cuya conducta comprometa la seguridad nacional y perturbe el orden público.” De esta manera podemos darnos una idea de la inestabilidad de la situación de los inmigrantes en el país y de las armas con que contaba el gobierno dentro de la legalidad estatal para reprimir y criminalizar cualquier manifestación social.
Los festejos se realizaron finalmente el 25 de mayo en medio del estado de sitio, con 2000 obreros presos, diarios clausurados y clima de represión generalizado.
El Codigo contravencional de Daniel Scioli. Una propuesta de reforma represiva e inconstitucional.
Cien años después, en este bicentenario nos encontramos frente a nueva arremetida represiva y criminalizadora de la pobreza y la protesta.
Un claro ejemplo es la iniciativa de Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires en la propuesta de reforma del Código Contravencional, presentada al finalizar el 2009 y que, aún se está discutiendo. Con el argumento de que es una medida que tiende a “combatir la inseguridad” se pretende instalar una reforma represiva e inconstitucional.
Así la tan reclamada reforma del Código contravencional sancionado por un gobierno de facto llega de la peor manera y es que el planteo no es, en absoluto “mejorar” la versión existente sino todo lo contrario, es una reforma impuesta “desde arriba”, que contiene todos los vicios del código actual y aun mas, ya que es evidente su carácter represivo de la protesta y de todos aquellos y aquellas que según el criterio del gobernador no encajan en la categoría de “ciudadanos decentes”, que son los únicos a quien el Estado debe proteger, según vociferan constantemente los medios masivos de comunicación. Es evidente que se trata de una iniciativa que apunta a ampliar el campo punitivo estatal.
La reforma propuesta viola la constitución nacional y los derechos humanos reconocidos en el bloque constitucional, tanto o más que la versión actual. Muchas de sus figuras son claros ejemplos de lo que se denomina derecho penal de autor, donde se sanciona a la persona por lo que es y no por una acción que haya cometido; mediante esta reforma se considera que ciertas personas (travestis, mendigos, borrachos, etc) son peligrosas (o molestas), y que por ello deben ser sancionadas mas allá de que no hayan cometido ningún delito. Esta concepción es propia de los regimenes totalitarios, así podemos recordar la conocida formula nazi que proclamaba que serian sancionados todos aquellos “que ofendan los sanos sentimientos del pueblo alemán”, por lo que se sancionaba a cualquier persona a criterio de quien imponía la sanción. Vale aclarar que nuestra constitución nacional consagra el derecho penal de acto y veda el de autor, lo que nos permite afirmar que la reforma impulsada por el gobernador bonaerense es inconstitucional.
Este proyecto otorga mayores facultades discrecionales a la policía bonaerense, la policía más corporativa, asesina y corrupta del país, la cual ha estado involucrada en numerosos hechos delictivos (narcotráfico, esclavitud sexual, secuestros, etc). Con el nuevo Código la policía podrá meternos presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y prostitutas. De la misma manera podrá detener a quienes participamos en marchas o reunión de personas, lxs que escribimos graffitis y leyendas, lxs que pegamos carteles en lugares no autorizados, lxs que nos reunimos “tumultuosamente”, lxs que participamos de piquetes, cortes de calle o escarches… y entonces ¿que pasa con nuestro derecho a la protesta, a reclamar por nuestros derechos y a manifestar nuestras opiniones políticas?
Pero hay más: la reforma contempla que quien no pueda pagar las elevadas multas que se consignan como sanciones, será arrestadx, entonces… si no hay plata marche preso.
Entonces es claro que esta normativa, jurídicamente repugnante, podrá, quizás, contar con el apoyo de los sectores dominantes, o de aquellos mas “favorecidos”; ellos pueden estar tranquilos, ya que la experiencia les ha demostrado la selectividad policial que sólo persigue, hostiga, encarcela, golpea, tortura y muchas veces mata a los trabajadores y trabajadoras (ocupadxs o desocupadxs), y a sus hijxs.
Al reflexionar sobre el primer centenario Diego Abad de Santillán[1], concluyó que “El gobierno triunfó, pero la historia recordará que para celebrar la fecha de la independencia fue necesario convertir a Buenos Aires en un campamento militar, con estado de sitio y cárceles repletas”. Parece que la historia se repite, y que se están creando las condiciones (entre ellas las jurídicas) para garantizar este bicentenario, el “como” es el mismo de hace 100 años: persecución y represión a lxs pobres y a lxs que luchan.
[1] Anarquista, escritor y editor español, figura prominente del movimiento anarcosindicalista en España y en Argentina.
Un claro ejemplo es la iniciativa de Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires en la propuesta de reforma del Código Contravencional, presentada al finalizar el 2009 y que, aún se está discutiendo. Con el argumento de que es una medida que tiende a “combatir la inseguridad” se pretende instalar una reforma represiva e inconstitucional.
Así la tan reclamada reforma del Código contravencional sancionado por un gobierno de facto llega de la peor manera y es que el planteo no es, en absoluto “mejorar” la versión existente sino todo lo contrario, es una reforma impuesta “desde arriba”, que contiene todos los vicios del código actual y aun mas, ya que es evidente su carácter represivo de la protesta y de todos aquellos y aquellas que según el criterio del gobernador no encajan en la categoría de “ciudadanos decentes”, que son los únicos a quien el Estado debe proteger, según vociferan constantemente los medios masivos de comunicación. Es evidente que se trata de una iniciativa que apunta a ampliar el campo punitivo estatal.
La reforma propuesta viola la constitución nacional y los derechos humanos reconocidos en el bloque constitucional, tanto o más que la versión actual. Muchas de sus figuras son claros ejemplos de lo que se denomina derecho penal de autor, donde se sanciona a la persona por lo que es y no por una acción que haya cometido; mediante esta reforma se considera que ciertas personas (travestis, mendigos, borrachos, etc) son peligrosas (o molestas), y que por ello deben ser sancionadas mas allá de que no hayan cometido ningún delito. Esta concepción es propia de los regimenes totalitarios, así podemos recordar la conocida formula nazi que proclamaba que serian sancionados todos aquellos “que ofendan los sanos sentimientos del pueblo alemán”, por lo que se sancionaba a cualquier persona a criterio de quien imponía la sanción. Vale aclarar que nuestra constitución nacional consagra el derecho penal de acto y veda el de autor, lo que nos permite afirmar que la reforma impulsada por el gobernador bonaerense es inconstitucional.
Este proyecto otorga mayores facultades discrecionales a la policía bonaerense, la policía más corporativa, asesina y corrupta del país, la cual ha estado involucrada en numerosos hechos delictivos (narcotráfico, esclavitud sexual, secuestros, etc). Con el nuevo Código la policía podrá meternos presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y prostitutas. De la misma manera podrá detener a quienes participamos en marchas o reunión de personas, lxs que escribimos graffitis y leyendas, lxs que pegamos carteles en lugares no autorizados, lxs que nos reunimos “tumultuosamente”, lxs que participamos de piquetes, cortes de calle o escarches… y entonces ¿que pasa con nuestro derecho a la protesta, a reclamar por nuestros derechos y a manifestar nuestras opiniones políticas?
Pero hay más: la reforma contempla que quien no pueda pagar las elevadas multas que se consignan como sanciones, será arrestadx, entonces… si no hay plata marche preso.
Entonces es claro que esta normativa, jurídicamente repugnante, podrá, quizás, contar con el apoyo de los sectores dominantes, o de aquellos mas “favorecidos”; ellos pueden estar tranquilos, ya que la experiencia les ha demostrado la selectividad policial que sólo persigue, hostiga, encarcela, golpea, tortura y muchas veces mata a los trabajadores y trabajadoras (ocupadxs o desocupadxs), y a sus hijxs.
Al reflexionar sobre el primer centenario Diego Abad de Santillán[1], concluyó que “El gobierno triunfó, pero la historia recordará que para celebrar la fecha de la independencia fue necesario convertir a Buenos Aires en un campamento militar, con estado de sitio y cárceles repletas”. Parece que la historia se repite, y que se están creando las condiciones (entre ellas las jurídicas) para garantizar este bicentenario, el “como” es el mismo de hace 100 años: persecución y represión a lxs pobres y a lxs que luchan.
[1] Anarquista, escritor y editor español, figura prominente del movimiento anarcosindicalista en España y en Argentina.
