Preliminarmente
diremos que, como resultado de estas discusiones legislativas (sea cual fuera
la conclusión), mal puede esperarse que se atiendan las demandas históricas de
quienes peleamos por un cambio radical en las relaciones sociales de nuestro
tiempo.
Pretendemos
apenas formular algunas observaciones críticas frente al debate instalado en
relación a los proyectos de “reformas de la justicia”, las que adelantamos sólo
constituyen modificaciones en la administración de una parte reducida del Poder
Judicial. Proponemos entonces, dar una discusión política sobre las posibles
implicancias de estas modificaciones
El momento político para pensar la reforma
Recordemos
que el 04 de abril de este año, la Presidenta anunció un paquete de
proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo Nacional y enviados al
Congreso para su tratamiento, en el cual se enfatizan algunos simples
enunciados “justicia legítima para todos", "participación
para darle mayor legitimidad a uno de los tres poderes del estado",
“modernización y agilización de la justicia”, etc.
Sin embargo,
frente a esas consignas, los seis proyectos enviados por el P.E.N no
constituyen a grandes rasgos una propuesta superadora, o como se pretende discursivamente
la “democratización de la justicia”. Los ejes que se trazan, no
abordan más que aspectos formales de lo jurídico, ni siquiera encaran una
reforma de fondo de la administración de “justicia” en un sistema republicano
de gobierno.
Quedan expuestas
– sin embargo- algunas de las motivaciones políticas no explicitadas por el
ejecutivo, como recuperar recursos económicos necesarios para afrontar este año
electoral e incidir en su pelea con el grupo de multimedios Clarín.
En este
sentido, por dar un ejemplo vemos que hacer una ley específica de medidas
cautelares en juicios donde el Estado sea parte, puede pensarse como
un límite a las grandes erogaciones que la caja de la ANSES (Administración
Nacional de la Seguridad Social) enfrenta por el cobro compulsivo de juicios
previsionales a través de la traba de embargos judiciales. Pero además lejos de
alentar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables que tanto declaman,
obstaculizarán estrategias que dentro del sistema nos damos los/as abogados/as
populares para garantizarlo.
Por otro
lado, la creación de un tribunal de Casación para el fuero
Laboral y de la Seguridad Social, forma parte de una serie de medidas
regresivas, que afectan los intereses de los/as trabajadores/as, y que constituyen
una continuidad con la recientemente sancionada Ley de ART.
Asimismo,
habilitar una nueva instancia de apelación, lejos de agilizar la
administración de justicia, provocará una mayor dilación en los procesos
judiciales por despido, y una tendencia a la baja en los montos de los acuerdos
prejudiciales, con lo cual se desconocerá el derecho de los/as trabajadores/as
al cobro de indemnizaciones integrales en tiempos razonables.
Respecto
de la polémica reforma al Consejo de la Magistratura, y más
allá de que es un aspecto en el que lo que se discute es mayor o menor
“republicanismo”; podemos decir que el voto popular de los candidatos a
miembros del Consejo, en cierto punto, hará más visible las adscripciones a tal
o cual fuerza partidaria (las que por supuesto siempre existieron y existen).
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| Foto: Revista Barcelona |
Pero no
debemos ser ingenuos en este punto. Los futuros miembros saldrán del seno de
las fuerzas partidarias que se vienen disputando los gobiernos de turno
(siempre alejados de los/as de abajo) y teniendo suficiente número para tomar
decisiones de peso en la designación y remoción de jueces. Detrás de ese
enfrentamiento hay además una disputa discursiva entre corporaciones por
determinar qué es el Derecho. Por otra parte no debe dejar de
mencionarse, el fallido intento del gobierno en todo lo relativo al manejo de
la caja, que en un principio pretendió trasladar de la Corte al Consejo,
mostrando algunos límites en la embestida.
Por lo demás
entendemos que este paquete de leyes, al margen de gozar de una torpe técnica
legislativa, incorpora algunas cuestiones tales como la transparencia en el
acceso al Poder Judicial –aunque en los cargos más bajos- la publicidad de
los fallos, la prohibición para aspirar a cargos por parte de ex
funcionarios/as jerárquicos de la dictadura cívico militar, que pueden
leerse como un avance en términos “democráticos” pero que de ninguna manera
pueden presentarse a la sociedad como una verdadera reforma de la
Justicia.
Algunas
conclusiones
Como un
problema repetido para quienes luchamos porque los/as trabajadores/as y el
pueblo sean verdaderos/as protagonistas de sus destinos, advertimos – una vez
más - una gran polarización de la discusión entre posiciones que no nos
representan.
La retórica
del kirchnerismo recurrre al latiguillo de “reforma judicial y
democratización de la justicia” y la oposición por derecha plantea “la
justicia no se toca” o incluso burdamente “el no a la
democratización de la justicia”. Esta oposición se limitó a operar
corporativamente en distintos estamentos y a hacer planteos de
inconstitucionalidad de los proyectos obstaculizando y cerrando el debate aún
más de lo que ya lo hizo el gobierno con su votación en bloque y desmesurado
apuro.
Por su parte
nos causa gran preocupación que sectores de la izquierda pertenecientes a un
armado que ya nada tiene de progresista, se encuentren en la misma vereda que
los sectores más rancios de la derecha de nuestro país a metros de una carpa
blanca que parece una burla a las históricas luchas de nuestros/as compañeros/as
docentes.
Pero
todos/as tienen en común el hecho de dar por sentado que están
discutiendo “la Justicia” y una reforma estructural de ella.
Humildemente, no compartimos ninguna de esas dos afirmaciones.
A nuestro
modo de ver y como decíamos al principio, lo que se logró introducir fueron
cambios que afectan apenas a la organización/administración de un poder del
Estado, el Poder Judicial Nacional, donde - a diferencia de las justicias
provinciales - se dirimen una mínima porción de los conflictos de la población.
El debate
que se ha instalado no pone en discusión el acceso real a la justicia de los
sectores explotados y oprimidos de nuestro país. No son parte de la “agenda”,
derechos tan esenciales como los relativos a la salud o el acceso a una vivienda
digna, ni el derecho a la protesta social en el marco de crecientes procesos
judiciales de criminalización de la misma.
Asimismo
esta reforma no tiene un solo eje pensado con perspectiva de género, en un
Poder del Estado que da sobradas muestras de violencia institucional hacia las
mujeres en su interior y que se refleja en las víctimas de delitos sexuales, y
en el carácter patriarcal de las sentencias absolutorias a femicidas,
violadores, abusadores y tratantes.
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